Declaración Pública Marcha 3 de Mayo en la Intendencia Regional

¿Qué fundamenta la existencia de la Universidad Pública Estatal? Una demanda social latente, vigente, un interés de la sociedad en su conjunto de instruirse, de conseguir capacidades y habilidades en términos teórico-práctico, tanto en el plano del saber, como en el plano de la integración al mercado laboral. Además del aseguramiento del desarrollo social y crecimiento económico del país, en la instrucción de nuevos profesionales para estas gestiones que ameritan las grandes tareas de una sociedad en constante transformación. Claro que en nuestro país, como hoy se refleja, la Universidad empieza a desenmascarar la cara más asidua del neoliberalismo, del poder del capital sobre el de la ciudadanía y del mismo estado. El capital se ha apoderado, a través de un proceso histórico, de las verdades intrínsecas que rodean la conformación de una universidad, ya que la misma sociedad ha cambiado su proyecto político y económico. Hoy somos los hijos del libre mercado, de la amenaza a la libertad real de los sujetos, "la clausura del universo de discurso", la manipulación del lenguaje por los medios y el sistema para impedir la posibilidad de una protesta o un pensamiento radical, y evitar que las personas comprendan hasta qué punto están alienadas.

Por ello, hoy lo que constituye realmente a la Universidad es la lógica del mercado de la demanda y la oferta, en donde las carreras pasan a ser mercancías, gestionadas dentro del marco de las políticas publicas del gobierno, que espera una tasa de regresión rápida y eficaz. Es decir, una recuperación de la inversión a corto plazo que le asegure un continuado flujo de recursos hacia la juventud de nuestro país, una estadística que haga viable el seguir invirtiendo el mísero 0,5% del PIB nacional en Educación Superior.

Lo que hoy queremos plantear es la Reforma de la Universidad, que viene a reformular la Universidad como esta hoy constituida y como se le entiende dentro de las conjeturas del mundo moderno: una exclusión de las clases sociales del bajo pueblo, una dictadura fáctica de parte del gobierno universitario, una descontextualización de la situación social-histórica de nuestro país en función de los contenidos curriculares sin identificación social. La relación del alumno-autoridad, alumno-académico es fundamentalmente la de cliente-vendedor.

Apelamos hoy a la convocatoria de un proyecto de universidad que integre a la comunidad en su totalidad, al compromiso social que de be existir de parte de una institución pública con el conjunto de la población nacional. Por ello, hoy nos abocamos a colmar las calles de una propuesta que esta basada en las deficiencias de la estructura dictatorial de la Universidad, que no da la posibilidad a los estudiantes de entrar en discusión directa acerca de los proyectos que trascienden el futuro educativo de generaciones presentes y futuras que esperan la integración e instrucción a través del derecho a una educación digna, justa y de características universales para todas las clases sociales de nuestro país.

Hoy nos volcamos a través la acción de masas, con consignas de reforma universitaria, de educación a las calles. ¿Qué quiere decir esto? El regreso a las poblaciones, a los centros de la vida pública y civil, el trabajo en los sectores mas excluidos de la ciudad, a los liceos, a las familias de los estudiantes (y potenciales estudiantes), a las organizaciones políticas que contemplen esta demanda desde la óptica de una transformación institucional, en pos de una transformación social, o al revés, ya que ambas implican el mismo objetivo, y las consecuencias de su acción que obviamente generaran cambios. ¿Cuál es en este momento la disyuntiva que contrasta con el proyecto de universidad que los estudiantes de la Universidad de la Frontera representan? Una ley de financiamiento estudiantil, una ley maldita para el pueblo trabajador de nuestro país, una ley que desvirtúa definitivamente el derecho a la educación, una ley que pretende comenzar un proceso de privatización de la Universidad Pública Estatal a través de la separación y enajenación del estado de su rol histórico con la sociedad, ya que entrega a las universidades privadas el negocio redondo de la educación en nuestro país. Esto comienza a través de la legitimación de las universidades privadas como organismos capacitados para entregar mercancías (llamadas educación) a la población. Con esta acción el Estado renuncia en forma paralela a configurar un proyecto de universidad que pueda contrarrestar la capacidad y calidad de la educación privada en Chile, por ello comete el crimen más atroz para toda la población chilena: renuncia a la competencia mercantil que había venido ofreciendo frente a la empresas privadas, mientras que decide restringir la inversión en la educación superior público estatal, la cual ya no es una política social que le asegure una tasa de retorno a la inversión.

El estado se ha dado cuenta de que en niveles de inversión le es conveniente asegurar un crédito guiado al endeudamiento de los jóvenes chilenos, a un sometimiento al mercado de capitales, a la resignación de pagar altas sumas de dinero, la renuncia a sus derechos como estudiantes a organizarse y tener un espacio guiado en la pluralidad. El sujeto, el Estado, etc. van desapareciendo gradualmente frente a un aparato de coordinación de un carácter mayor, que engloba la satisfacción de necesidades materiales (para quines controlan o manejan el mercado) del cual la Universidad se hace parte por razones de “sobrevivencia estructural” a las exigencias y posibilidades de existencia. En este caso la crisis de la democracia y su ilegitimidad manifiesta traen consecuencias en el orden de la planificación que se manifiestan considerablemente en el proyecto y finalidad de las instituciones públicas, que contrarrestan con una sociedad que no puede sopesar una de las peores distribuciones del ingreso a nivel mundial.

Los estudiantes de la Universidad de la Frontera hacen público que sólo la sociedad es la única que realmente puede hacerse parte de una demanda en conjunto de una nueva Universidad. Con una nueva forma de financiamiento, con otra lógica curricular, con un compromiso social más extenso, ya que en fin, en la Universidad se gastan dineros que corresponden a todos los chilenos, por ello los chilenos tienen derecho a decidir como debe ser esta institución y como debe ser su financiamiento y las prioridades que debe tener sobre las demás demandas sociales. Eso le corresponde por ello a los actores sociales que estimen conveniente la inserción de parte del bajo pueblo en la posición estratégica de la Universidad: La capacitación de cuadros que no contradigan sus principios de clase y formulen sus demandas con absoluta claridad y que obedezcan a los principios de organización democrática y no a los intereses privados de algunos senadores o diputados que a través de leyes como la de financiamiento demuestran que están desinhibidos de la realidad de la sociedad chilena.

Pues digamos que este análisis es cierto, ¿Entonces pensemos cuál es la real posibilidad que le queda a la sociedad civil, a la sociedad chilena, a los jóvenes chilenos, en particular, de configurar una demanda de Universidad de acuerdo a sus intereses de clases? ¿Cómo la sociedad civil a través de la demanda puede transformar el eje de las políticas sociales y el eje de las instituciones publicas del Estado? Participación, dirán algunos, si se le entiende claro como participación en el poder político. Participar en el modelo político, dentro de ese marco ideológico equivaldría entonces a la “posibilidad de encontrar, en determinadas personas, obediencia a una orden que posea un determinado contenido”. Nosotros abogamos por fin a la verdadera representación, a la democracia triestamental en la configuración de un universo universitario que realmente represente los intereses de los estudiantes y sus demandas, pero por el momento seguiremos activos en la lucha que todo movimiento que desea trascender en cambios que den una real equidad e igualdad en nuestra sociedad.

No son los compromisos, sino los consensos alcanzados en determinadas condiciones, como el que hoy hemos adquirido, los que expresan la universalidad de nuestra voluntad, las que dan el poder de realizar una Acción completamente revolucionaria.

Coordinadora de Estudiantes Universitarios (CEU)