Nuevas Coyunturas laborales

Creo que lentamente comienza a dibujarse una ofensiva de la concertación en relación a una lematización de las relaciones laborales como eje político de su campaña electoral, lo cual encontrará su límite, claro y objetivo, en las demandas de los trabajadores y funcionarios públicos que, en ésta ocasión, corren tras las banderas de las desprecarización del trabajo, intentando superar la tensión entre trabajadores sobre-precarizados en el sistema público (desde los contratas y los honorarios), como eje articulador de “unidad de clase”.

El tema es ver si ésta ofensiva, contra-ultra ofensiva de las direcciones sindicales o del gremio de los funcionarios públicos encuentra permanencia y constancia en el desarrollo de la movilización y perdura como objetivo estratégico, en el cual el movimiento desarrolle un énfasis y una carta programática, desintegrando la ficticia división de las esferas políticas y económicas en el marco del “capitalismo democrático”.

Habría que considerar el espacio político de las elecciones como una situación de apertura de la esfera política, la cual si bien es apropiada por las clases dominantes a partir de la conformación del escenario electoral y sus relaciones inter-partidarias, llevan el peso de un conjunto de relaciones sociales e históricas que comienzan a rebullir de la lógica externalista/extraña-definitoria de sus propios derechos políticos.

Los ejes que tematizan por un lado una “ofensiva concertacionista” no vienen a significar más allá del oportunismo político de posicionarse como “los amigos del pueblo”, de los cuales sabe que existen ciertos ejes de política pública/estatal que lo distancia de sus ‘archirivales’ derechistas. Su forma de desmarcarse de éste identificación general de su actividad como coalición política como instrumento de las clases patronales (bajo la misma lógica que intenta negar a Piñera) hacen que cada vez se vea obligado objetivamente a avanzar hacia un distanciamiento/diferenciación de quien resultaba ser el icono de las preferencias de la población: el candidato de la llamada Alianza por Chile, Sebastián Piñera.

Lo diferente, lo distinto, lo social, etc., nuevas formas de marketing electoral, tienen que ver con los cambios en las relaciones sociales que se comienzan a manifestar en medio del desarrollo de un modelo desgastado en sus cimientos y con altas contradicciones en el marco de la visibilización de la desigualdad social, género, etc.

Las tácticas ofensivas de la concertación se destacan en fortalecer una institucionalidad que resguarde y ampare los derechos de los trabajadores, ya institucionalizados y consagrados, de acuerdo a proyectos legislativos que, a partir de una política comunicacional y de difusión de sus “principios”, pretenden alcanzar la simpatía de la clase trabajadora, a la vez que intentan irritar las posiciones empresarialistas de la derecha en el Senado.

Un ejemplo de ello son los proyectos de la defensoría laboral, propuesto por la senadora DC Soledad Alvear, activando la Comisión de Trabajo del senado, en pos de los trabajadores que no pueden costearse una defensoría propia. Ella señala, en el Diario La Nación, que “este proyecto es un avance hacia la integridad del derecho, porque los ciudadanos de escasos recursos también requieren, para ejercer sus derechos, contar con asesoría”.

Bien recuerda el periódico que “la parlamentaria planteó este tema por primera vez el 2006, oportunidad en la cual presentó a la cámara alta un acabado proyecto de ley que adecuaba las corporaciones de asistencia judicial para prestar servicios de defensa gratuita en un juicio laboral”. La pregunta que se desprende es, teniendo la concertación la mayoría en el Senado ¿Por qué no lo aprobó? Y si confiamos en la buena voluntad política de Alvear y en ética con respecto a la clase trabajadora ¿por qué no defiende el proyecto de negociación colectiva? ¿O se le olvidó que ese proyecto lo presentó en la coyuntura de las huelgas de Codelco el año 2006 de forma de evitar la incorporación de los trabajadores subcontratados a planta? De eso no hay testimonio, solo silencios y demonios.

Si bien sabemos que esto se radicalizará en el marco de la tematización de los partidos patronales (empresarialistas y concertacionistas), vemos que a sólo dos meses de las elecciones la profundidad de la discusión comienza a emerger.

Un ejemplo que ya ha repercutido en la esfera política es la pretensión de la normativa a la industria salmonicultura, en donde se pretende sentar una cláusula de acuerdo con la cual “una empresa podría perder su concesión acuícola en caso de registrar tres sentencias por prácticas antisindicales”.

Ante esta pretensión Evelyn Matthei, presidenta de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta y Senadora por Renovación Nacional, no ha dudado un segundo en salir en defensa de los empresarios del salmón, respaldando la posición de Andrés Concha, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), quien afirmó que la industria requiere la ley de conjunto, pero que fueron introducidas "cláusulas que van a afectar la permanencia de esas concesiones. Por ejemplo, que haya algunos incumplimientos laborales, los que están sancionados ya por el Código del Trabajo; por lo que no vemos necesidad que se incorporen en una ley específica de pesca".

La impunidad patronal en el país, y especialmente en el sector acuícola, ha permitido durante años los abusos constantes en contra de los trabajadores (especialmente en el marco de prácticas antisindicales), lo cual era legitimado a través de procesos engorrosos en que los trabajadores debían quejarse a la Inspección del Trabajo, mientras pasaban meses e incluso años, antes de una sentencia, la cual se reducía al pago de multas en dinero[1], lo cual resultaba bastante cómodo para industria con las ganancias del sector acuícola.

Quizás todo seguiría siendo tranquilo para la clase empresarial del salmón, pero lo cierto es que como clase ha quedado debilitada en su relación al gobierno, y es la hora de que éste último haga efectiva ésta debilidad, en beneficio del “juego electoral”. No pensamos que el gobierno sea un ente distinto al de la clase empresarial, pero si comienza a desarrollar espacios de

Las declaraciones de Matthei, donde señala que "no corresponde que por un tema laboral, se pueda perder una concesión”, y que tan solo “bastaría que un juzgado local falle tres veces una conducta antisindical”, en donde a partir del “caballito de batalla” de la Concertación (los Juzgados Laborales y la “Nueva Justicia Laboral”) “el empresario de partida tiene 97% de probabilidades de tener un fallo contra él, porque en materia de justicia laboral, aparentemente los fallos son en forma abrumadora en beneficio de los trabajadores”.

Matthei se encarga de inmediato de pasar atacar la política de conjunto de la Concertación en materia laboral, pero con ciertos ribetes de tecnicismo: “No sabemos cuál es la preparación que están recibiendo los jueces en lo laboral. Es muy raro que 97% falle a favor de los trabajadores, y sin ninguna apelación posible. No me parece esté en manos de un juez local el destino de cientos de millones de dólares que son las inversiones de los salmonicultores". Definitivamente es más fácil agarrarla con los jueces, que decir definitivamente los empresarios en Chile violentan los derechos laborales. Más cuando se defiende a Andrés Concha.

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[1] A la vez el trabajador que reclamaba y se sumaba a la exigencia del cumplimiento de sus derechos, era sumado a la llamada “lista negra del salmón”, en donde se conocía el nombre de dirigentes sindicales, ‘agitadores’ y ‘huelguistas’. Esta lista era utilizada por los empleadores para discriminar a los/as trabajadores/as que conocían y hacían efectivos sus derechos y evitaban (o intentaban evitar) los abusos al interior de las empresas.