Chile: Política nacional y rol del Estado.

La situación en la que se encuentra la sociedad chilena, tanto antes y en pos de realizarse los procesos eleccionarios presidenciales, que en la gama de discursos políticos, presenta un carácter social y comprometido, en términos nacionalistas con la ciudadanía, el desarrollo, el crecimiento económico y el progreso, que es de carácter retórico, pero que en la práctica política, involucra dependencias y consistencias globales que se alejan de sus mismos proyectos, o dan otra significado a los mismos conceptos ya tan manoseados por la clase política en Chile, abren paso a un sector pequeño burgués, que genera históricamente un “vínculo” electoral-imperialista. El ‘vínculo’ no es una simple imposición sobre la ex centro-izquierda, sino el resultado de la dinámica interna de una derechización de estos partidos y líderes cuando buscan mayor movilidad social, enriquecimiento familiar, influencia política y estatus social[1]. El vínculo entre el poder imperial o ‘global’ y su control de las economías nacionales, recursos naturales y financieros, mercados y tesorerías se realiza por medio de la ascendencia de configuraciones de poder político-económicas nacionales[2].

Las “presiones del imperialismo” refuerzan las inherentes tendencias reaccionarias entre los electoralistas arribistas pequeño burgueses. La globalización o expansión imperialista no es simplemente la “diseminación” de una ideología y su imposición por la fuerza o la persuasión. Hay una condición previa - la existencia de élites políticas y burocráticas e importantes sectores de la clase dirigente que tienen un interés político y económico común y la capacidad para articular la ideología e implementar las políticas pro imperiales de la globalización, que en estos términos pasa a ser un contrato coercitivo a los estados-naciones y la ciudadanía misma.

De la misma forma la cuestión del poder comienza a ser reconceptualizada en un plano local, pero con un contenido global que se expresa en el discurso ideológico de las clases sociales configuradas por las estructuras sociales de la formación social imperante. Las clases sociales, constituidas en la práctica política (lucha de clases) como clases para sí[3], comienzan a elaborar su propio discurso frente a la globalización, y más allá de ello frente a las relaciones de poder de la estructura político, económico e ideológica que representa el neoliberalismo como factor de exclusión y de reconceptualización del rol del Estado, el cual debilita el poder público y acrecienta la hegemonía[4].

Dentro de este contexto se comienza la reconceptualización del aparato institucional y gubernamental en su conjunto, ya que la misma precariedad de condiciones y de voluntad política para establecer una política “independiente”, hace que los actores sociales estén condicionados a rearticular sus estrategias políticas en torno al campo del poder que se configuran en una globalidad exigente en coerción e implementación. La gama de factores se hace atenuante y indómita en la configuración de nuevas estrategias ante viejos problemas, y convierten la antigua política nacional o local, al igual que las demás dimensiones de la globalización, en una política mundial[5], en donde el caso de la educación superior chilena es examinado como parte del apasionante caso de Chile como un todo, ya que no hay país en Latinoamérica (y hay pocos en el mundo) que haya impulsado con mayor energía la economía de mercado, la privatización, la liberalización del comercio y la competencia. Pero a la vez, tampoco hay en la región una democracia más robusta que la chilena

Así la lógica de control del Estado se ve tanto mediada como reforzada por la necesidad que tienen los burócratas del estado de procedimientos explicables y racionales a escala global, y por el nexo específico de fuerzas que actúan sobre el mismo Estado, ya que incluso allí donde las instituciones satisfacen una lógica requerida por el capital, su forma y dirección no son resultado de una simple imposición unidireccional del capital, implican un complejo trabajo político de concesión y compromiso, al menos para asegurar la legitimidad del Estado frente a la opinión pública[6].

El poder del estado constituye una unidad propia, en la medida en que sus instituciones están organizadas como constitutivas de la unidad del pueblo y de la nación. El estado, establecido como lugar de lo “universal”, de la voluntad general y del interés general, de lo público, se supone que no representa tales o cuales intereses privados y constelaciones económico-sociales, o su suma, sino el conjunto unitario del pueblo-nación[7], ya que toda “parte” del poder del Estado, y todo órgano particular del Estado, son fijados institucionalmente como representando la unidad del cuerpo político y la unidad del poder del Estado, por lo que las crisis de legitimidad del poder estatal se pueden encontrar directamente en el desarrollo de las instituciones y la representación política que estas poseen en el sentido de una unidad propia del poder del Estado y de su autonomía relativa respecto de las clases dominantes, ya que las instituciones funcionan suponiendo que el Estado “representa” la unidad política del pueblo nación y, de esta forma se refleja en todo un marco institucional real que tiende a funcionar efectivamente según la situación concreta de las fuerzas enfrentadas en el campo político, económico e ideológico.

Siendo el aparato institucional un espectro bastante amplio de trabajo e investigación, nos centraremos en el eje regulador, en la piedra angular que precede la formación y legitimación ideológica formal de la sociedad: El aparato educativo, y su institución más emblemática, la Universidad. Considerando que las ideas y conocimientos son importantes desde el punto de vista de la sociedad del conocimiento y, la educación pública, tanto fuera como dentro de las aulas, puede proporcionar los instrumentos críticos para el análisis y también las habilidades técnicas para ganarse la vida.

Desde esta perspectiva, la educación en Chile parece estar siempre reformándose. Durante el gobierno militar ocurrieron dos reformas de gran trascendencia. En primer lugar, se traspasaron los establecimientos fiscales, que hasta ese entonces dependían directamente del gobierno central a través de las Divisiones de Educación Primaria y Secundaria, a las municipalidades. Las escuelas fiscales al momento de este cambio alcanzaban a algo menos de 6.400 establecimientos y atendían a 2,3 millones de niños, un 80% del total de niños que asistían a la educación básica y media. Las últimas escuelas pasaron al sector municipal en 1986. Con el traspaso, los profesores perdieron su condición de empleados públicos y pasaron a depender del Código del Trabajo que regía a los trabajadores del sector privado. La idea era que sus remuneraciones fueran fijadas en cada establecimiento educacional. Para facilitar el traslado, los profesores fueron indemnizados por el término de contrato con el sector público.

Una segunda reforma fundamental fue el modo en que comenzaron a asignarse los recursos.
Hasta 1980 estos se entregaban a las escuelas en función de criterios históricos que no guardaban ninguna relación con el desempeño del establecimiento ni con el número de sus alumnos. A partir de ese año, sin embargo, los dineros que cada escuela recibía comenzaron a depender del número de alumnos con los que contaba. Así, las escuelas empezaron a recibir una subvención por alumno atendido cuyo valor dependía inicialmente del nivel de enseñanza del que se tratase y acorde al tipo de educación que se impartiese[8]. Pero lo que se debe destacar, desde nuestro punto de vista, es que se inserta una conceptualización de “Universidad” que comienza a operar en nuestro país desde las políticas neoliberales del año 1981 a través del Decreto Fuerza Ley Nº 4 del 14 de enero de 1981, en donde el Ministerio de Educación Pública Fija Normas sobre Financiamiento en las Universidades[9]. En adelante el monto del aporte fiscal fue fijado anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público y la distribución del aporte en las universidades e instituciones de educación superior y los montos y porcentajes que corresponda a cada una de las entidades, se haría mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Educación Pública, el que debería llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda.

De paso, la oferta educacional fue liberalizada, permitiéndose incluso que escuelas con fines de lucro optaran al financiamiento público. En Chile existía una tradición de escuelas privadas gratuitas que accedían a financiamiento público y que era de larga data en el país. Todas ellas, sin embargo, pertenecían a instituciones de la iglesia o a fundaciones privadas sin fines de lucro y recibían incluso un subsidio del fisco por cada alumno atendido, generalmente una proporción del gasto fiscal “implícito” por alumno[10].

Dentro de este marco histórico, las instituciones públicas se convierten en un referente clásico y manifiesto puro de las transformaciones a niveles macrosociales, y orientaciones directas de las tendencias políticas existentes en el país, por lo que la Universidad se vuelve un reflejo de la correlación de fuerzas que interactúa a escala mundial, nacional y local, tanto en su sistema educativo (de contenido), en su sistema de ingreso (valores y principios sociales de acuerdo a las pautas de gobierno), como en su sistema de aseguramiento y definición de la educación (como derecho o mercancía)[11].

[1] Esta afirmación se relaciona con la hecha por Ulrich Beck, en cuanto a que “todos los actores sociales deben reaccionar y dar una respuesta concreta en este súbito, donde curiosamente las respuestas no siguen ya el viejo esquema derecha-izquierda de la practica política”. ¿Qué es la Globalización? Claro que desde mi punto de vista, en la situación partidaria, se radicaliza una postura política hacia un enfoque más conservador que tiene estrecha relación con el análisis planteado por Moulian descrito en la “jaula de hierro”, y con la postura de James Petras en Neoliberalismo y lucha de clases sociales en América Latina.
[2] Neoliberalismo y política de clases en América Latina. James Petras. Traducido para el Diario Rebelión por Marina Trillo. 22 de Octubre del 2004.
[3] Nico Poulantzas; Poder Político y clases sociales en el Estado capitalista. Ed. Siglo XXI, 1972.
[4] Antonio Gramsci. Ensayos y escritos políticos.
[5] Tampoco se deja de lado lo expuesto por Ulrich Beck en un articulo llamado La paradoja de la globalización, en donde señala: “la propia globalización engendra, ciertamente, su propia oposición, variopinta e increíblemente contradictoria: anarquistas, sindicalistas, neonacionalistas, ecologistas, parados, incendiarios de centros de refugiados, pequeños empresarios, profesores, sacerdotes, obispos católicos, el Papa, comunistas, fascistas, feministas, ultra ortodoxos y fundamentalistas islámicos. En cualquier caso, todos ellos actúan según este lema: a la globalización hay que combatirla con... ¡globalización! O, en palabras de Richard Falk: “Resistencia contra la globalización desde arriba a través de la globalización desde abajo”. Diario El País, Madrid, 5 de diciembre de 2002
[6] John Clarke, Capital and Culture: The Post War Working Class Revisted, en Clarke, Critcher y Johnson (comps.) Working Class Culture: Studies in History and Theory. Londres, Hutchinson. 1979. Pág. 231
[7] Nico Poulantzas; Poder Político y clases sociales en el Estado capitalista. Ed. Siglo XXI, 1972. Pág. 362-363.
[8] Se reconocían diferencias en educación media entre la educación científico-humanista y la técnico-profesional.
[9] Publicado en el Diario Oficial de fecha 20 de Enero de 1981
[10] Obtenido a través del gasto fiscal en educación dividido por el número de alumnos.
[11] Como dice Manuel Castells “Las fuentes de productividad y competitividad en la nueva economía global dependen fundamentalmente de la capacidad de generación de conocimiento y procesamiento eficaz de la información. La cual depende, a su vez, de la capacidad cultural y tecnológica de las personas, empresas y territorios. En la economía informacional, la educación y la innovación se constituyen en fuerzas productivas directas. Pero siendo condiciones necesarias para el nuevo modelo de desarrollo, no son suficientes”. La globalización truncada en América Latina.