Investigaciones de tesis: Educación superior en Chile y contradicción de clases sociales
La desconfiguración política del mundo moderno, tanto en el nivel nacional como en el internacional, y la configuración de un posible nuevo mundo, traen consigo la problemática de conformación de una nueva dimensión política mundial. Los procesos de globalización, supra-regionalización, continentalización y localización no sólo provocaron la crisis del mundo moderno, sino que a la vez, dentro de una perspectiva de transición, están trazando las nuevas líneas de esbozo de un “nuevo mundo” y de una nueva dimensión política mundial, que aún se encuentran en estado virtual. La crisis política del mundo moderno se resume en las crisis del Estado-nación, del sistema interestatal internacional y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su dimensión fundamental, la financiera y monetaria, la globalización y las políticas de ajuste que de ella derivan han inducido un nuevo marco macroeconómico, buscando la estabilidad monetaria y el control de la inflación como objetivo prioritario, la liberalización del mercado de capitales, la desregulación económica y la privatización de empresas públicas en casi todos los países[1]. En ese sentido el funcionamiento de las economías latinoamericanas se dio como objetivo el aproximarse sustancialmente al de las economías más avanzadas, creando las condiciones para una relativa homogeneización de la inversión de capital y para el libre movimiento de mercancías. Y eso es lo esencial de la globalización: la unificación de criterios de mercado en un espacio económico ampliado.
La inversión extranjera, tanto directa como en el mercado de valores, se ha multiplicado, proporcionando recursos para el crecimiento económico y favoreciendo transferencia de tecnología y mejora de la gestión empresarial. El comercio internacional se ha diversificado por sectores y por regiones del mundo. Y se ha dinamizado, en calidad y en cantidad. El Tratado de Libre Comercio en el norte y MERCOSUR en el sur han constituido áreas económicas crecientemente integradas que amplían mercados y contribuyen a mejorar la competitividad. Pero este proyecto de modernización ligado a una globalización capitalista con escaso control social, tiene dos fallas fundamentales. La primera, su débil capacidad productiva y competitiva en el contexto mundial. La segunda, la incapacidad de integrar en el desarrollo económico a la mayoría de la población del continente, una buena parte de la cual se ve abocada a un proceso de marginación creciente.
Al debilitar la soberanía nacional, los procesos de privatización y globalización económica cuestionan la noción y la práctica de la democracia representativa. Como ha señalado David Held, la democracia parece haber sido reconocida casi universalmente como la mejor forma de gobierno justo en el momento histórico en el que su eficacia como forma nacional de organización política comienza a ser cuestionada por las dinámicas de la globalización. Held afirma respecto a esta realidad paradójica:
"La idea de que una comunidad nacional se gobierna a sí misma y que determina su propio futuro -una idea que está en el corazón del sistema democrático mismo- es profundamente problemática hoy en día[2]".
En efecto, ¿cuál es el significado real de la democracia cuando el Estado se va convirtiendo paulatinamente en una "cáscara vacía" sin capacidad de tomar decisiones sobre aspectos vitales para la vida y el bienestar de sus ciudadanos, y cuando dichas decisiones quedan al albur de las fuerzas que actúan en el mercado mundial? Esta realidad opera en el Norte y en el Sur, pero en las incipientes democracias de los países en desarrollo, precisamente los más transnacionalizados y vulnerables, los gobiernos descubren a menudo que el margen de maniobra para la toma de decisiones es muy reducido o incluso inexistente. Más allá de circunstancias locales, este problema se encuentra en la base de la rápida deslegitimación de algunos incipientes regímenes democráticos de países del Sur, que se han mostrado incapaces de ofrecer respuesta a las necesidades y demandas de su población.
El estado-nación latinoamericano dejo de ser nacional en la década de los noventa, con la excepción de Chile, Costa Rica y Brasil. Pero aun en estos casos, sus adhesiones globales contaron mas que sus legitimidades nacionales[3]. Como consecuencia, se rompió la alianza tradicional con los sectores medios urbanos y sectores populares organizados, que son aún la base del sistema político latinoamericano. Ello conduce a la recomposición del sistema político de representación y liderazgo, y a la creación de una política dependiente de personalidades y de una relación mediatiza con las masas populares. Un populismo mediático agente de la globalización en contraste a un estatismo corporativo defensor de la nación son los dos proyectos en competencia y en busca de apoyos sociales. Entre ambos, la capacidad integradora del estado se ha perdido. Y la ideología del mercado sustituye a la ideología de la nación.
Por ello es que el pequeño burgués, una vez elegido como jefe de estado, se empotra en la periferia de la clase dirigente. Los ministros designados de la clase dirigente diseñan y promueven los intereses imperiales mientras el recién elegido Presidente proclama una política de disciplina fiscal, crecimiento de la exportación, ajustes de salarios, reformas de los beneficios sociales y legislación laboral y social. El “candidato del pueblo” garantiza pagos prontos y totales a los acreedores extranjeros y locales, subvenciones a las élites agro-mineras y manufactureras para exportación y reduce los salarios, aumenta el paro y elimina los programas de asistencia social de la clase obrera. Las organizaciones electorales pequeño burguesas cooptan a burócratas laborales para que se opongan a la acción colectiva, y “disciplinen” a los trabajadores. Desde el aparato estatal crean “organizaciones anti-pobreza” para construir una base electoral clientelar que reemplace la pérdida de trabajadores con conciencia de clase desilusionados[4].
Ya disminuida la legitimidad[5] política nacional, sustituida por la legitimidad del mercado, la incapacidad de redistribuir y hacer participar mediante el mercado, conduce a una crisis general de legitimidad. Esto limita la capacidad de reforma del estado y su apertura democrática, por el temor de perder el control del proceso de apertura.
Es desde esta perspectiva que procesos como los de la Reforma de la Educación Superior en nuestro país, están vinculados directamente con la escasez de maniobra y poder político que presenta el mismo poder político, y que en su conceptualización del sistema educativo opera desde los márgenes de los códigos del sistema económico. Las características del discurso se entremezclan para dar cabida un eufemismo o una manoseo discursivo altamente complejo que ridiculiza el sistema democrático en su conjunto, y que sirve como pantalla frente a las expectativas reales de una sociedad gobernada por el mercado y la lógica del neoliberalismo.
El problema radica principalmente, en que este arreglo discursivo que sustenta el estado de derecho, en términos de sostener el compromiso estatal con la sociedad civil, mientras el neoliberalismo le exige desaparecer como ente regulador y regular su gasto social, entra en directa confrontación con los intereses del resto de la población, con la sociedad excluida, marginada o simplemente pobre. La universidad y la educación se presentan como un conflicto discursivo, que tiene su raíz en las prácticas antidemocráticas de representación, y la sumisión definitiva, en pos del reniego de las ideologías y, por lo tanto, de la misma política. Esto lamentablemente se traduce en la misma educación como conocimiento y como aprendizaje: como contenidos, conocimientos y métodos de la educación en torno a objetivos sociales demarcados por el mercado, y más allá de ello, de la elaboración misma que el sistema político hace de ella. Sufrimos una reproducción de la lógica política calculadora e instrumentalizadora del poder estatal y del sector público en pos del acoplamiento al mercado mundial y al proceso de globalización mundial.
La complejidad de discursos que se manifiestan en torno al conflicto de intereses presente en cualquier decisión “política”, nos hace pensar en las causas y consecuencias que presenta un proceso que se enmarca en la deslegitimación discursiva del gobierno y del sistema político en general. Las instituciones públicas son estructuras que están supeditadas a las políticas de gobierno, a las reformas del poder parlamentario, etc. y desde esta perspectiva son definidas en su forma y fondo; en su funcionamiento y objetivos; en su práctica y teoría. Lo que embarga realmente es que las contradicciones sintomáticas de la conceptualización del poder político formal han conspirado en contra de la sociedad, la que se ha dado cuenta y ejercita la práctica de la apatía, de la indeferencia y, en sectores mas reducidos, la violencia política. Con esta contradicción se realiza la distinción de la antigua relación Estado/sociedad, en donde ambos conceptos se definían en la misma línea de fundamentación práctica. Hoy la realidad política los separa, en cuanto representatividad e identidad de los actores sociales en torno a la clase política en general.
Los actores se comienzan a definir en torno a su posición en el espacio social, por lo que distintas perspectivas, habitus, clases, o grupos se van sumando a la conceptualización, y desde esta perspectiva aparecen los principales agentes de un conflicto discursivo en la diferenciación comunicativa. Es desde aquí que encontramos en el espacio político nacional al sector público (gobierno nacional, ministerio de educación, gobierno regional, municipios, etc.), el sector privado (empresas, mercado en general que en este espacio la conceptualizamos separada de la sociedad civil), y la sociedad civil (ciudadanía, clases, grupos, organizaciones, partidos, etc.). A cada agente le es propio un discurso, un poder simbólico propio, y una distinta apropiación de capital desde el plano de la lucha política en la configuración de clases, que hoy sobrepasa la mera línea demarcada por la legitimidad democrática, para abrir el campo de relaciones de poder a una amplitud más extensa que involucra un cuestionamiento a toda la sociedad. De este modo la formulación de políticas de reformas educacionales y su puesta en práctica se realiza en un complejo sistema de relaciones, en el cual los actores intervienen con sus propios marcos referenciales desde los cuales piensan, definen sus intereses y las estrategias colectivas de acción[6]. En estas interacciones se producen consensos, disensos y espacios de incertidumbre. En este campo se instalan algunos pensamientos como válidos y legítimos y otros se declaran diferentes y marginales, estructurando distintas posibilidades de acuerdo y de disputa de discursos y de prácticas sobre las reformas.
Desde esta perspectiva una Reforma de la Educación superior, puede ser interpretada de distinta forma, y más allá de ello, las resistencias históricas a la conceptualización de la Educación en el marco de las ideologías o de los puntos de referencia que utilizan los agentes sociales al establecer las posiciones sociales con que están familiarizados, se manifiestan en la definición del mundo social más conforme a sus intereses, apropiándose de un poder simbólico y de un desarrollo semántico propio en la conceptualización del mundo de la vida. Desde esta perspectiva la existencia de una pluralidad de visiones y divisiones diferentes, o incluso antagonistas, se debe, desde un punto de vista “objetivo”, a la relativa indeterminación de la realidad que se ofrece a la percepción[7].
Esta indeterminación de la realidad es lo que comprendemos como la decadencia póstuma de una democracia representativa, en donde las definiciones conceptuales del poder gubernamental no son capaces de aprehender la realidad discursivamente, ni de representar a la mayoría de la población. Es aquí donde radica la problematización que se centra principalmente en la auto-deslegitimación que el poder hace de sí mismo, y es por ello que de esta problemática central es de donde surge nuestra pregunta de investigación: ¿Cuáles son los discursos y las contradicciones político-discursivas que emergen de la conceptualización de la Universidad?, Y de acuerdo a esto ¿Cuáles son sus consecuencias en el posicionamiento discursivo de parte de los actores sociales en el marco de una política y una sociedad democrática, como la chilena, en el tema de la Educación Superior?
Si queremos comprender como funciona la ideología en las escuelas, debemos examinar tanto los elementos concretos de la vida pedagógica y curricular cotidiana, como las declaraciones y planes de los voceros de Estado y la industria[8], pero como solo nos interesa configurar los intereses que nacen del sistema político en su lucha de estructuración de la realidad, podemos acatarnos a la segunda parte de la configuración ideológica de la universidad. Esto porque el sistema político opera en el medio del poder, y su función específica consiste en proporcionar al sistema social la capacidad de decidir de una manera colectivamente vinculante. La desaparición de esa colectividad vinculada a través del sistema político hace que esta recaiga y comiencen a operar nuevas forma de vinculación y de poder social. He ahí la reconceptualización de los agentes sociales desarraigados del mundo político oficial que no están incorporados en el discurso oficialista y que establecen su propio discurso acerca de la educación y la democracia, y generan una amplitud de contradicciones a la política nacional y a la política global regulada por códigos metapolítico democrático que se ciñen contra la sociedad.
La responsabilidad de integrar un vínculo discursivo entre los actores y el Estado queda en manos de la oficialidad gubernamental, ya que esta sería esta una responsabilidad enlazada a la representación política por la cual el mismo sistema político sé autolegitima, pero el no hacerlo tiene explicaciones y consecuencias que pueden ser expresadas por los mismos actores y la misma configuración del sistema político. Para nosotros, citando al cantautor Tito Fernández, Ahí esta la madre del cordero, ya que “si la opinión pública ha alcanzado un estadio en el que inevitablemente el pensamiento degenera en mercancía y el lenguaje en elogio de la misma, el intento de identificar semejante depravación debe negarse a obedecer las exigencias lingüísticas e ideológicas vigentes, antes de que sus consecuencias históricas universales lo hagan del todo imposible[9]"
Es por ello que nos desenvolveremos dentro de un paradigma crítico, en donde se propone, como teoría, la sociedad investigada como un todo, por lo que rechaza los intentos de crear sociologías especializadas en sectores de la sociedad, por encontrarse desviadas de la comprensión de la sociedad como totalidad interrelacionada[10], pero que en este caso busca el nexo entre la configuración de una institución pública, que en teoría debiese ser vinculante, y una totalidad que intenta conceptualizarla con fines vinculantes y democráticos.
En su dimensión fundamental, la financiera y monetaria, la globalización y las políticas de ajuste que de ella derivan han inducido un nuevo marco macroeconómico, buscando la estabilidad monetaria y el control de la inflación como objetivo prioritario, la liberalización del mercado de capitales, la desregulación económica y la privatización de empresas públicas en casi todos los países[1]. En ese sentido el funcionamiento de las economías latinoamericanas se dio como objetivo el aproximarse sustancialmente al de las economías más avanzadas, creando las condiciones para una relativa homogeneización de la inversión de capital y para el libre movimiento de mercancías. Y eso es lo esencial de la globalización: la unificación de criterios de mercado en un espacio económico ampliado.
La inversión extranjera, tanto directa como en el mercado de valores, se ha multiplicado, proporcionando recursos para el crecimiento económico y favoreciendo transferencia de tecnología y mejora de la gestión empresarial. El comercio internacional se ha diversificado por sectores y por regiones del mundo. Y se ha dinamizado, en calidad y en cantidad. El Tratado de Libre Comercio en el norte y MERCOSUR en el sur han constituido áreas económicas crecientemente integradas que amplían mercados y contribuyen a mejorar la competitividad. Pero este proyecto de modernización ligado a una globalización capitalista con escaso control social, tiene dos fallas fundamentales. La primera, su débil capacidad productiva y competitiva en el contexto mundial. La segunda, la incapacidad de integrar en el desarrollo económico a la mayoría de la población del continente, una buena parte de la cual se ve abocada a un proceso de marginación creciente.
Al debilitar la soberanía nacional, los procesos de privatización y globalización económica cuestionan la noción y la práctica de la democracia representativa. Como ha señalado David Held, la democracia parece haber sido reconocida casi universalmente como la mejor forma de gobierno justo en el momento histórico en el que su eficacia como forma nacional de organización política comienza a ser cuestionada por las dinámicas de la globalización. Held afirma respecto a esta realidad paradójica:
"La idea de que una comunidad nacional se gobierna a sí misma y que determina su propio futuro -una idea que está en el corazón del sistema democrático mismo- es profundamente problemática hoy en día[2]".
En efecto, ¿cuál es el significado real de la democracia cuando el Estado se va convirtiendo paulatinamente en una "cáscara vacía" sin capacidad de tomar decisiones sobre aspectos vitales para la vida y el bienestar de sus ciudadanos, y cuando dichas decisiones quedan al albur de las fuerzas que actúan en el mercado mundial? Esta realidad opera en el Norte y en el Sur, pero en las incipientes democracias de los países en desarrollo, precisamente los más transnacionalizados y vulnerables, los gobiernos descubren a menudo que el margen de maniobra para la toma de decisiones es muy reducido o incluso inexistente. Más allá de circunstancias locales, este problema se encuentra en la base de la rápida deslegitimación de algunos incipientes regímenes democráticos de países del Sur, que se han mostrado incapaces de ofrecer respuesta a las necesidades y demandas de su población.
El estado-nación latinoamericano dejo de ser nacional en la década de los noventa, con la excepción de Chile, Costa Rica y Brasil. Pero aun en estos casos, sus adhesiones globales contaron mas que sus legitimidades nacionales[3]. Como consecuencia, se rompió la alianza tradicional con los sectores medios urbanos y sectores populares organizados, que son aún la base del sistema político latinoamericano. Ello conduce a la recomposición del sistema político de representación y liderazgo, y a la creación de una política dependiente de personalidades y de una relación mediatiza con las masas populares. Un populismo mediático agente de la globalización en contraste a un estatismo corporativo defensor de la nación son los dos proyectos en competencia y en busca de apoyos sociales. Entre ambos, la capacidad integradora del estado se ha perdido. Y la ideología del mercado sustituye a la ideología de la nación.
Por ello es que el pequeño burgués, una vez elegido como jefe de estado, se empotra en la periferia de la clase dirigente. Los ministros designados de la clase dirigente diseñan y promueven los intereses imperiales mientras el recién elegido Presidente proclama una política de disciplina fiscal, crecimiento de la exportación, ajustes de salarios, reformas de los beneficios sociales y legislación laboral y social. El “candidato del pueblo” garantiza pagos prontos y totales a los acreedores extranjeros y locales, subvenciones a las élites agro-mineras y manufactureras para exportación y reduce los salarios, aumenta el paro y elimina los programas de asistencia social de la clase obrera. Las organizaciones electorales pequeño burguesas cooptan a burócratas laborales para que se opongan a la acción colectiva, y “disciplinen” a los trabajadores. Desde el aparato estatal crean “organizaciones anti-pobreza” para construir una base electoral clientelar que reemplace la pérdida de trabajadores con conciencia de clase desilusionados[4].
Ya disminuida la legitimidad[5] política nacional, sustituida por la legitimidad del mercado, la incapacidad de redistribuir y hacer participar mediante el mercado, conduce a una crisis general de legitimidad. Esto limita la capacidad de reforma del estado y su apertura democrática, por el temor de perder el control del proceso de apertura.
Es desde esta perspectiva que procesos como los de la Reforma de la Educación Superior en nuestro país, están vinculados directamente con la escasez de maniobra y poder político que presenta el mismo poder político, y que en su conceptualización del sistema educativo opera desde los márgenes de los códigos del sistema económico. Las características del discurso se entremezclan para dar cabida un eufemismo o una manoseo discursivo altamente complejo que ridiculiza el sistema democrático en su conjunto, y que sirve como pantalla frente a las expectativas reales de una sociedad gobernada por el mercado y la lógica del neoliberalismo.
El problema radica principalmente, en que este arreglo discursivo que sustenta el estado de derecho, en términos de sostener el compromiso estatal con la sociedad civil, mientras el neoliberalismo le exige desaparecer como ente regulador y regular su gasto social, entra en directa confrontación con los intereses del resto de la población, con la sociedad excluida, marginada o simplemente pobre. La universidad y la educación se presentan como un conflicto discursivo, que tiene su raíz en las prácticas antidemocráticas de representación, y la sumisión definitiva, en pos del reniego de las ideologías y, por lo tanto, de la misma política. Esto lamentablemente se traduce en la misma educación como conocimiento y como aprendizaje: como contenidos, conocimientos y métodos de la educación en torno a objetivos sociales demarcados por el mercado, y más allá de ello, de la elaboración misma que el sistema político hace de ella. Sufrimos una reproducción de la lógica política calculadora e instrumentalizadora del poder estatal y del sector público en pos del acoplamiento al mercado mundial y al proceso de globalización mundial.
La complejidad de discursos que se manifiestan en torno al conflicto de intereses presente en cualquier decisión “política”, nos hace pensar en las causas y consecuencias que presenta un proceso que se enmarca en la deslegitimación discursiva del gobierno y del sistema político en general. Las instituciones públicas son estructuras que están supeditadas a las políticas de gobierno, a las reformas del poder parlamentario, etc. y desde esta perspectiva son definidas en su forma y fondo; en su funcionamiento y objetivos; en su práctica y teoría. Lo que embarga realmente es que las contradicciones sintomáticas de la conceptualización del poder político formal han conspirado en contra de la sociedad, la que se ha dado cuenta y ejercita la práctica de la apatía, de la indeferencia y, en sectores mas reducidos, la violencia política. Con esta contradicción se realiza la distinción de la antigua relación Estado/sociedad, en donde ambos conceptos se definían en la misma línea de fundamentación práctica. Hoy la realidad política los separa, en cuanto representatividad e identidad de los actores sociales en torno a la clase política en general.
Los actores se comienzan a definir en torno a su posición en el espacio social, por lo que distintas perspectivas, habitus, clases, o grupos se van sumando a la conceptualización, y desde esta perspectiva aparecen los principales agentes de un conflicto discursivo en la diferenciación comunicativa. Es desde aquí que encontramos en el espacio político nacional al sector público (gobierno nacional, ministerio de educación, gobierno regional, municipios, etc.), el sector privado (empresas, mercado en general que en este espacio la conceptualizamos separada de la sociedad civil), y la sociedad civil (ciudadanía, clases, grupos, organizaciones, partidos, etc.). A cada agente le es propio un discurso, un poder simbólico propio, y una distinta apropiación de capital desde el plano de la lucha política en la configuración de clases, que hoy sobrepasa la mera línea demarcada por la legitimidad democrática, para abrir el campo de relaciones de poder a una amplitud más extensa que involucra un cuestionamiento a toda la sociedad. De este modo la formulación de políticas de reformas educacionales y su puesta en práctica se realiza en un complejo sistema de relaciones, en el cual los actores intervienen con sus propios marcos referenciales desde los cuales piensan, definen sus intereses y las estrategias colectivas de acción[6]. En estas interacciones se producen consensos, disensos y espacios de incertidumbre. En este campo se instalan algunos pensamientos como válidos y legítimos y otros se declaran diferentes y marginales, estructurando distintas posibilidades de acuerdo y de disputa de discursos y de prácticas sobre las reformas.
Desde esta perspectiva una Reforma de la Educación superior, puede ser interpretada de distinta forma, y más allá de ello, las resistencias históricas a la conceptualización de la Educación en el marco de las ideologías o de los puntos de referencia que utilizan los agentes sociales al establecer las posiciones sociales con que están familiarizados, se manifiestan en la definición del mundo social más conforme a sus intereses, apropiándose de un poder simbólico y de un desarrollo semántico propio en la conceptualización del mundo de la vida. Desde esta perspectiva la existencia de una pluralidad de visiones y divisiones diferentes, o incluso antagonistas, se debe, desde un punto de vista “objetivo”, a la relativa indeterminación de la realidad que se ofrece a la percepción[7].
Esta indeterminación de la realidad es lo que comprendemos como la decadencia póstuma de una democracia representativa, en donde las definiciones conceptuales del poder gubernamental no son capaces de aprehender la realidad discursivamente, ni de representar a la mayoría de la población. Es aquí donde radica la problematización que se centra principalmente en la auto-deslegitimación que el poder hace de sí mismo, y es por ello que de esta problemática central es de donde surge nuestra pregunta de investigación: ¿Cuáles son los discursos y las contradicciones político-discursivas que emergen de la conceptualización de la Universidad?, Y de acuerdo a esto ¿Cuáles son sus consecuencias en el posicionamiento discursivo de parte de los actores sociales en el marco de una política y una sociedad democrática, como la chilena, en el tema de la Educación Superior?
Si queremos comprender como funciona la ideología en las escuelas, debemos examinar tanto los elementos concretos de la vida pedagógica y curricular cotidiana, como las declaraciones y planes de los voceros de Estado y la industria[8], pero como solo nos interesa configurar los intereses que nacen del sistema político en su lucha de estructuración de la realidad, podemos acatarnos a la segunda parte de la configuración ideológica de la universidad. Esto porque el sistema político opera en el medio del poder, y su función específica consiste en proporcionar al sistema social la capacidad de decidir de una manera colectivamente vinculante. La desaparición de esa colectividad vinculada a través del sistema político hace que esta recaiga y comiencen a operar nuevas forma de vinculación y de poder social. He ahí la reconceptualización de los agentes sociales desarraigados del mundo político oficial que no están incorporados en el discurso oficialista y que establecen su propio discurso acerca de la educación y la democracia, y generan una amplitud de contradicciones a la política nacional y a la política global regulada por códigos metapolítico democrático que se ciñen contra la sociedad.
La responsabilidad de integrar un vínculo discursivo entre los actores y el Estado queda en manos de la oficialidad gubernamental, ya que esta sería esta una responsabilidad enlazada a la representación política por la cual el mismo sistema político sé autolegitima, pero el no hacerlo tiene explicaciones y consecuencias que pueden ser expresadas por los mismos actores y la misma configuración del sistema político. Para nosotros, citando al cantautor Tito Fernández, Ahí esta la madre del cordero, ya que “si la opinión pública ha alcanzado un estadio en el que inevitablemente el pensamiento degenera en mercancía y el lenguaje en elogio de la misma, el intento de identificar semejante depravación debe negarse a obedecer las exigencias lingüísticas e ideológicas vigentes, antes de que sus consecuencias históricas universales lo hagan del todo imposible[9]"
Es por ello que nos desenvolveremos dentro de un paradigma crítico, en donde se propone, como teoría, la sociedad investigada como un todo, por lo que rechaza los intentos de crear sociologías especializadas en sectores de la sociedad, por encontrarse desviadas de la comprensión de la sociedad como totalidad interrelacionada[10], pero que en este caso busca el nexo entre la configuración de una institución pública, que en teoría debiese ser vinculante, y una totalidad que intenta conceptualizarla con fines vinculantes y democráticos.
[1] Manuel Castells. La globalización truncada en América Latina.
[2] La democracia hoy: ¿Hacia un orden cosmopolita?, en Debats n2 49, septiembre de 1994.
[3] La democracia hoy: ¿Hacia un orden cosmopolita?, en Debats n2 49, septiembre de 1994.
[4] Neoliberalismo y política de clases en América Latina. James Petras. Traducido para el Diario Rebelión por Marina Trillo. 22 de Octubre del 2004.
[5] Por el momento entenderemos que referirse a la legitimidad es hacer referencia a un postulado del poder. Es decir, hablar de legitimidad es interrogarse acerca de las razones que tiene la ciudadanía para obedecer al poder. Profundizaremos en esto en el marco teórico y en el marco conceptual.
[6] El concepto de referencial (référentiel) lo hemos tomado de B. Jobert, quien lo define como el marco interpretativo o cognitivo de los actores y a partir de los cuales es posible pensar las políticas públicas como una producción intelectual de imágenes comunes de la sociedad. Ver. Jobert, B. et al. (1987). El estado en acción. Politiques publiques et corporatismes. Paris: PUF.
[7] Poder, Derecho y Clases Sociales. Pierre Bourdieu. Ed. Desclee de Brouwer, S.A. 2000. España.
[8] Teoría Critica y educación. Michel W. Apple. Ed. Miño y Dávila editores. Buenos Aires, Argentina, 1997.
[9] Horkheimer, M. y Adorno, T. "Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos Filosóficos", Madrid, 1994. p.51
[10] Respecto de Teoría Crítica y comunicación de masas: Mauro Wolf ,1991, La investigación de la comunicación de masas, Paidos, Barcelona, págs. 90 y ss.
publicadas por Dasten Julián @ 11:26
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