Comisión de Hacienda del Senado flexibiliza caducidad de concesiones acuícolas por temas laborales

3 de diciembre. Fuente: www.aqua.cl

Con el voto en contra del senador Pedro Muñoz Aburto, quien reemplazó a su par Camilo Escalona, la Comisión de Hacienda aprobó ayer miércoles 2 de diciembre la fórmula del Ejecutivo que resolvió el punto más polémico del nuevo marco regulatorio para la acuicultura: la caducidad de las concesiones por prácticas antisindicales.

De este modo, se destrabó el debate del proyecto, en segundo trámite, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en materia acuícola, quedando en condiciones de ser votado por la Sala del Senado.

Así lo informó la senadora Evelyn Matthei, presidenta de la instancia quien explicó que "consideramos que nadie iba a recibir un préstamo ni una hipoteca de ningún banco si la concesión acuícola quedaba sujeta a causales de caducidad como las que traía el proyecto original".

Añadió que "era inaceptable que, por una resolución de un juez, que además era inapelable ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, se perdiera la concesión".

Según se desprende del Senado, la parlamentaria aseveró que "para nosotros este era un tema que sencillamente hacía que todo el resto de la ley fuera inútil porque con esa disposición no se hubiese reactivado ningún centro de cultivo de salmón porque nadie hubiera recibido ni un solo crédito si es que la concesión estaba de esa manera amenazada por la resolución de un juez".

Manifestó que de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, "el titular de la concesión o el que realice actividades de acuicultura a cualquier título que cometa una práctica desleal o antisindical, será sancionado con una multa de 50 a 150 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre casi $ 2 millones y $ 5 millones".

Asimismo, se dispone que "no se renovará la concesión al titular que no se encuentre al día en el pago de la mencionada multa ni al que acumule tres sanciones judicialmente ejecutoriadas por prácticas desleales o antisindicales en tres ciclos productivos continuos".

Aclaró que "las infracciones deberán referirse a hechos acaecidos en un mismo centro de cultivo, respecto de trabajadores del concesionario que hayan prestado sus servicios en el referido centro en la época de ocurrencia de la infracción".

Con todo, "la subsecretaría correspondiente podrá renovar la concesión al titular si, previo informe de la Dirección del Trabajo, constata una conducta laboral irreprochable del concesionario con posterioridad a los hechos que configuraron la sanción mencionada".

"Las multas por prácticas desleales o antisindicales aplicadas al titular de una concesión se contabilizarán respecto de sus sucesivos titulares cuando la transferencia de la misma se efectúe directa o indirectamente a una persona o empresa relacionada", afirmó la parlamentaria.

Insistirán en caducidad

Por su parte, el senador Pedro Muñoz calificó como "vergonzosa" la indicación del Gobierno para atenuar la caducidad de las concesiones por infracciones reiteradas a los derechos laborales contenidas en dicho proyecto de ley.

Recordó que la norma, incorporada en la Cámara de Diputados y que fue aprobada en la comisión de Pesca de la Cámara Alta, establecía el cese de las concesiones en caso que la empresa recibiera tres sentencias condenatorias en tres años por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

Sin embargo, dicha disposición fue reemplazada en la Comisión de Hacienda por una propuesta del Ejecutivo que "en la práctica es letra muerta, porque no contempla a las empresas relacionadas y subcontratistas". Indicó que "es evidente que la titular de la concesión no tendrá trabajadores o no los dispondrá en el centro de cultivo".

Puntualizó que también "se ha hecho oídos sordos a un clamor de los trabajadores, que ya cuentan con más de 60 mártires por causa de una industria que atropella sus derechos laborales, pone en riesgo su integridad física y persigue a sus organizaciones."

El senador Muñoz anticipó que junto a otros senadores defenderá el texto aprobado en la comisión de Pesca en la Sala del Senado y, en caso de no tener éxito, procurarán su rechazo en la Cámara de Diputados para formar una Comisión Mixta. Y, "si todo ello no es posible buscarán recurrir al Tribunal Constitucional, alegando que las hipotecas contenidas en el proyecto constituyen una grave limitación al derecho de dominio público sobre el mar y el borde costero, al tiempo que constituye un indudable privilegio en favor de una actividad económica".

En el mismo sentido, reiteró que junto con organizaciones ambientales y sindícales prepara una presentación de estos antecedentes al Foro y a los organismos laborales y económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y de otras entidades internacionales, "pues con estas normativas se estarían vulnerando los estándares mínimos de resguardo a los trabajadores y estableciendo un evidente subsidio estatal implícito a la salmonicultura".