De las ordenanzas y sus consecuencias para el estudiantado

Nuevamente intentan reírse del estudiantado. Hoy el gobierno universitario está empeñado en señalar los derechos de los estudiantes sin consultarles a ellos mismos. ¿No parece realmente irónico? La verdad es que las estructuras de la Universidad hoy avanzan a paso firme a una institucionalización legal de un marco reaccionario, tanto en su contenido, como en su forma de aprobación.

Hemos conocido experiencias al interior de la Universidad que marcan precedentes frente a la aplicación de estas ordenanzas como forma de respuesta a la organización política, pero a la vez debemos sobredimensionar desde que plano social y de clases se coloca la autoridad universitaria para insertar un mandato de las características represivas y antagónicas que hoy suponen ser nuestros derechos y deberes con y en la universidad.

Luego de un proceso de movilizaciones y de cuestionamiento abierto a la educación clasista en Chile, y más aún, como crítica a la educación en el modelo económico neoliberal, la clase patronal ha sufrido un revés político. Por el momento sabemos que esto ha sido canalizado a través de las direcciones que giraron a derecha con la conformación del consejo asesor como medida distractoria y de desviación, pero se reconoce que el problema, en cuanto a la agitación generada por varios sectores sociales de acuerdo a las mismas contradicciones de la educación en la sociedad capitalista de clases, no está solucionado, ya que esto significaría un ataque directo a los intereses de los mercaderes de la educación, al conjunto de las clases patronales y a uno de los pilares de la sociedad de mercado.

Por ello es que las instituciones han decidido blindarse legalmente frente a las exigencias sociales que hoy puede manifestar el estudiantado. Así es como debemos entender la política del gobierno universitario, como una muestra de lo que significa la totalidad de la política pro-patronal que se está llevando a cabo para salvaguardar los intereses económicos y financieros en las relaciones de mercado que siguen transando la educación como una mercancía más.

Este blindaje legal ha consistido principalmente en desacreditar y no legitimar el derecho político del estudiantado a movilizarse, derecho básico que garantiza y asegura las exigencias de los derechos sociales y legitima la protesta social como mecanismo de defensa de los intereses de la sociedad. Como si fuera poco el no-reconocimiento a las organizaciones políticas en la Universidad muestra cuales son las condiciones de ilegitimidad que atribuye el gobierno universitario a los organismos de acción colectiva, coartando cualquier posibilidad de vinculación e interacción ‘valida’ de estos organismos al interior de la UFRO. Además de paso se ha vuelto a refrescar las faltas y sanciones que se aplicarían de acuerdo al comportamiento de los y las estudiantes en la UFRO, envueltas todas de una estela y constelación represiva.

Para culminar la acción reaccionaria se ha procedido a atacar espacios políticos, culturales y sociales de esparcimiento del estudiantado, escudándose en argumentos como la restricción del alcohol y la delincuencia (como medida derechista digna de alcalde de Providencia en el tema travestis), se ha logrado articular un ataque ideológico directo a las organizaciones de izquierda y a un estudiantado que aún no reacciona de las transformaciones en su entorno que comienzan a hacer pensar en la vuelta a la educación básica y aun modelo educativo y político dictatorial al interior de las instituciones estatales.

El problema de fondo siguen siendo los mecanismos de legitimidad y de poder en las Universidades. Mientras la Universidad está compuesta por más de 8.000 estudiantes, ninguno de ellos tiene derecho a elegir a sus autoridades; ninguno de ellos tiene derecho a participar en el gobierno universitario; ninguno de ellos tienen derecho a articular y señalar cuales son sus propios derechos y deberes.

El autoritarismo de lo que parece una organización feudal, con castas de nobles y sequitos transitando con sus túnicas los pasillos y edificios de la Frontera, tomando decisiones a diestra y siniestra mientras nadie los vigila, como lo muestra el ejemplo de enero y las presentes ordenanzas, se ha vuelto parte de una práctica en materia de organización y de estructuración de lo que entendemos hoy por Universidad. Es una mezcla entre las concepciones que divinizan a los académicos y degradan a los funcionarios y estudiantes; es parte de esa concepción que precariza el trabajo de académicos; es parte de ese blindaje en contra de la acción decidida de trabajadores y estudiantes en búsqueda de una organización en base a democracia directa que responda a las exigencias del conjunto de la llamada ‘comunidad universitaria’, de los trabajadores y el pueblo pobre.

Así es como esta consolidación de la idea de Universidad/empresa como mecanismo de decisiones administrativas, de acrecentamiento de la tasa de ganancia y autosuficiencia económica que se establecen como los criterios normativos que centran la actual discusión frente a las ordenanzas y el sentido de clase que la determina, deben ser atacados directamente con una propuesta democratizadora a la institución anquilosada en la que estudiamos.

La propuesta desde Las Armas de la Crítica, corriente de estudiantes marxistas, no puede ser otra que la formación de un frente único de acción y agitación por una organización triestamental en donde, por medio de mecanismos de democracia directa, los estudiantes, los funcionarios y los académicos tengamos los mismos derechos a elegir a las autoridades, a decidir que proyecto de Universidad estatal queremos construir y al servicio de que clase debe estar la educación en nuestro país.