Comisión de Hacienda del Senado flexibiliza caducidad de concesiones acuícolas por temas laborales

3 de diciembre. Fuente: www.aqua.cl

Con el voto en contra del senador Pedro Muñoz Aburto, quien reemplazó a su par Camilo Escalona, la Comisión de Hacienda aprobó ayer miércoles 2 de diciembre la fórmula del Ejecutivo que resolvió el punto más polémico del nuevo marco regulatorio para la acuicultura: la caducidad de las concesiones por prácticas antisindicales.

De este modo, se destrabó el debate del proyecto, en segundo trámite, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en materia acuícola, quedando en condiciones de ser votado por la Sala del Senado.

Así lo informó la senadora Evelyn Matthei, presidenta de la instancia quien explicó que "consideramos que nadie iba a recibir un préstamo ni una hipoteca de ningún banco si la concesión acuícola quedaba sujeta a causales de caducidad como las que traía el proyecto original".

Añadió que "era inaceptable que, por una resolución de un juez, que además era inapelable ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, se perdiera la concesión".

Según se desprende del Senado, la parlamentaria aseveró que "para nosotros este era un tema que sencillamente hacía que todo el resto de la ley fuera inútil porque con esa disposición no se hubiese reactivado ningún centro de cultivo de salmón porque nadie hubiera recibido ni un solo crédito si es que la concesión estaba de esa manera amenazada por la resolución de un juez".

Manifestó que de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, "el titular de la concesión o el que realice actividades de acuicultura a cualquier título que cometa una práctica desleal o antisindical, será sancionado con una multa de 50 a 150 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre casi $ 2 millones y $ 5 millones".

Asimismo, se dispone que "no se renovará la concesión al titular que no se encuentre al día en el pago de la mencionada multa ni al que acumule tres sanciones judicialmente ejecutoriadas por prácticas desleales o antisindicales en tres ciclos productivos continuos".

Aclaró que "las infracciones deberán referirse a hechos acaecidos en un mismo centro de cultivo, respecto de trabajadores del concesionario que hayan prestado sus servicios en el referido centro en la época de ocurrencia de la infracción".

Con todo, "la subsecretaría correspondiente podrá renovar la concesión al titular si, previo informe de la Dirección del Trabajo, constata una conducta laboral irreprochable del concesionario con posterioridad a los hechos que configuraron la sanción mencionada".

"Las multas por prácticas desleales o antisindicales aplicadas al titular de una concesión se contabilizarán respecto de sus sucesivos titulares cuando la transferencia de la misma se efectúe directa o indirectamente a una persona o empresa relacionada", afirmó la parlamentaria.

Insistirán en caducidad

Por su parte, el senador Pedro Muñoz calificó como "vergonzosa" la indicación del Gobierno para atenuar la caducidad de las concesiones por infracciones reiteradas a los derechos laborales contenidas en dicho proyecto de ley.

Recordó que la norma, incorporada en la Cámara de Diputados y que fue aprobada en la comisión de Pesca de la Cámara Alta, establecía el cese de las concesiones en caso que la empresa recibiera tres sentencias condenatorias en tres años por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

Sin embargo, dicha disposición fue reemplazada en la Comisión de Hacienda por una propuesta del Ejecutivo que "en la práctica es letra muerta, porque no contempla a las empresas relacionadas y subcontratistas". Indicó que "es evidente que la titular de la concesión no tendrá trabajadores o no los dispondrá en el centro de cultivo".

Puntualizó que también "se ha hecho oídos sordos a un clamor de los trabajadores, que ya cuentan con más de 60 mártires por causa de una industria que atropella sus derechos laborales, pone en riesgo su integridad física y persigue a sus organizaciones."

El senador Muñoz anticipó que junto a otros senadores defenderá el texto aprobado en la comisión de Pesca en la Sala del Senado y, en caso de no tener éxito, procurarán su rechazo en la Cámara de Diputados para formar una Comisión Mixta. Y, "si todo ello no es posible buscarán recurrir al Tribunal Constitucional, alegando que las hipotecas contenidas en el proyecto constituyen una grave limitación al derecho de dominio público sobre el mar y el borde costero, al tiempo que constituye un indudable privilegio en favor de una actividad económica".

En el mismo sentido, reiteró que junto con organizaciones ambientales y sindícales prepara una presentación de estos antecedentes al Foro y a los organismos laborales y económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y de otras entidades internacionales, "pues con estas normativas se estarían vulnerando los estándares mínimos de resguardo a los trabajadores y estableciendo un evidente subsidio estatal implícito a la salmonicultura".

Proyecto que crea defensor laboral ingresaría en enero

Miércoles 02 de diciembre de 2009

Fuente: Diario Financiero.

Economía

ley de presupuesto postergó envío al parlamento

Proyecto que crea defensor laboral ingresaría en enero

J.C. Prado

Si bien el gobierno pretendía ingresar en octubre pasado el proyecto de ley que crea la figura del defensor laboral, la discusión del presupuesto 2010 retrasó su envío al Parlamento. Ante esto, fuentes del Ejecutivo confirman que se fijó enero próximo como mes para mandar el texto legal que crea el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, que tiene como objetivo solucionar los problemas que existen en el acceso a la justicia.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -entidad que participó en el diseño del proyecto-, Arturo Martínez explica que según información que le habrían entregado los ministros de Hacienda y de Trabajo, Andrés Velasco y Claudia Serrano, respectivamente, la iniciativa legal ya estaría redactada y no consideraría un techo de ingresos. Aunque de acuerdo a la propuesta de la CUT, tendría una escala de diferenciación para sueldos superiores de $ 1.000.000

Para el líder de la multisincal el proyecto ya debería estar en el Parlamento, pues considera negativo que se envíe recién en enero. “Se han demorado demasiado y necesitamos la ley, porque si bien existe un programa gratis para los trabajadores, necesitamos una institucionalidad para que sea gratis para todos”.

Como antecedente, el actual programa de defensoría laboral cubre a trabajadores con sueldos inferiores a $ 388.000. Sobre este aspecto, el proyecto que se conoce no define cuál será el tope de ingresos mensuales que deberá tener una persona para acceder a dicha prestación.

Con todo, la idea de la iniciativa es ampliar la cobertura y garantizar prestaciones gratuitas para trabajadores de menores recursos. Además, la nueva institucionalidad tendrá otras tres líneas especializadas que incluirán temas de familia, civil y víctimas de delitos.

Ley de pesca: gobierno presenta hoy nueva indicación para zanjar discrepancia laboral

Comisión de Hacienda reactivó votación del proyecto y aprobó carácter definido de concesión. Diario Financiero, 2 de diciembre de 2009.

Dos son los aspectos claves de la fórmula que presentaría el Gobierno hoy a los senadores para intentar amarrar un acuerdo político que permita despejar los temas laborales que están entrampando el proyecto que modifica la ley de Pesca y Acuicultura.

Se trata de un alza significativa del monto de las multas que deberán pagar las empresas que incurran en prácticas antisindicales, y una modificación al tiempo en que operaría la caducidad de la concesión por estos hechos. Y es que la norma que aprobó la comisión de Intereses Marítimos establece que las firmas perderán inmediatamente la concesión si tienen tres sentencias ejecutoriadas por infracciones laborales.

La idea -explicaron fuentes conocedoras de las tratativas del Ejecutivo- es que las empresas sólo pierdan el derecho para la renovación de la concesión cuando cometan dicho número de infracciones, pero tengan garantizados los 25 años iniciales para desempeñar el giro.

Vale decir, habría una flexibilización del actual texto legal, patrocinado por el Ejecutivo, para lograr un mayor respaldo político a la iniciativa. Ésta, de ser aprobada hoy en la comisión de Hacienda, quedaría en condiciones de ser vista por la sala del Senado a partir del 15 de este mes.

En todo caso, aún falta saber la decisión que adoptarán los senadores que integran esta instancia legislativa, quienes ayer declinaron adelantar juicios sobre la materia a la espera de conocer el detalle de la indicación que presentará la ministra (s) de Hacienda, María Olivia Recart.

De hecho, fue Recart -según admitieron varios senadores de la comisión- quien les informó ayer que presentaría hoy indicaciones para despejar el tema más complejo del proyecto de ley, considerado vital para el futuro de la industria salmonera.

Nuevos avances

En lo inmediato, y tras permanecer varios meses archivado, la comisión de Hacienda volvió ayer a revisar el proyecto de ley, al punto que incluso ya aprobó una gran cantidad de artículos en particular, incluyendo la opción de hipotecar las concesiones acuícolas y el reemplazo del carácter indefinido de la concesión a 25 años renovables.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Evelyn Matthei, precisó que además de la hipoteca y la duración en 25 años renovables de las concesiones también votaron “las multas, las nuevas facultades que tendrá Sernapesca y esperamos avanzar bastante más mañana en el resto del proyecto de ley”.

En todo caso, recalcó que dicho avance “va a depender de lo que traiga la indicación que anunció el Ejecutivo, porque todo el mundo sabe que no estoy de acuerdo con que la concesión, y los cientos de millones de dólares invertidos, se pueda perder por la resolución de un juez que además es inapelable”.

El senador, Camilo Escalona (PS), tampoco dio luces sobre el destino que tendrá la presentación que hará hoy el Ejecutivo. Advierte que debe tener presente que “estos temas son siempre cualitativos y no cuantitativos, porque puede que mañana -en algún punto- se tranque la discusión y se detenga el proceso, aunque se avanzó bastante”.

Quien sí rechazó lo aprobado ayer fue el senador independiente, Carlos Ominami, quien aseguró que “el carácter hipotecable de las concesiones, abre paso a la privatización; y es un tratamiento específico, discriminatorio a un sector que ha tenido extraordinarios problemas en su comportamiento ambiental, laboral y productivo”.

Por lo mismo, dijo que se trató de “una recompensa que no tiene justificación” y, por lo mismo, anticipó que votará por “mantenerse las causales de caducidad por prácticas antisindicales”. Cabe consignar que el senador, Hosaín Sabag (DC), se ha mostrado dispuesto a eliminar estas cláusulas al igual que el senador, José García Ruminot (RN), quien ayer fue reemplazado en la comisión por el senador, Carlos Kuschel (RN).

Nuevas Coyunturas laborales

Creo que lentamente comienza a dibujarse una ofensiva de la concertación en relación a una lematización de las relaciones laborales como eje político de su campaña electoral, lo cual encontrará su límite, claro y objetivo, en las demandas de los trabajadores y funcionarios públicos que, en ésta ocasión, corren tras las banderas de las desprecarización del trabajo, intentando superar la tensión entre trabajadores sobre-precarizados en el sistema público (desde los contratas y los honorarios), como eje articulador de “unidad de clase”.

El tema es ver si ésta ofensiva, contra-ultra ofensiva de las direcciones sindicales o del gremio de los funcionarios públicos encuentra permanencia y constancia en el desarrollo de la movilización y perdura como objetivo estratégico, en el cual el movimiento desarrolle un énfasis y una carta programática, desintegrando la ficticia división de las esferas políticas y económicas en el marco del “capitalismo democrático”.

Habría que considerar el espacio político de las elecciones como una situación de apertura de la esfera política, la cual si bien es apropiada por las clases dominantes a partir de la conformación del escenario electoral y sus relaciones inter-partidarias, llevan el peso de un conjunto de relaciones sociales e históricas que comienzan a rebullir de la lógica externalista/extraña-definitoria de sus propios derechos políticos.

Los ejes que tematizan por un lado una “ofensiva concertacionista” no vienen a significar más allá del oportunismo político de posicionarse como “los amigos del pueblo”, de los cuales sabe que existen ciertos ejes de política pública/estatal que lo distancia de sus ‘archirivales’ derechistas. Su forma de desmarcarse de éste identificación general de su actividad como coalición política como instrumento de las clases patronales (bajo la misma lógica que intenta negar a Piñera) hacen que cada vez se vea obligado objetivamente a avanzar hacia un distanciamiento/diferenciación de quien resultaba ser el icono de las preferencias de la población: el candidato de la llamada Alianza por Chile, Sebastián Piñera.

Lo diferente, lo distinto, lo social, etc., nuevas formas de marketing electoral, tienen que ver con los cambios en las relaciones sociales que se comienzan a manifestar en medio del desarrollo de un modelo desgastado en sus cimientos y con altas contradicciones en el marco de la visibilización de la desigualdad social, género, etc.

Las tácticas ofensivas de la concertación se destacan en fortalecer una institucionalidad que resguarde y ampare los derechos de los trabajadores, ya institucionalizados y consagrados, de acuerdo a proyectos legislativos que, a partir de una política comunicacional y de difusión de sus “principios”, pretenden alcanzar la simpatía de la clase trabajadora, a la vez que intentan irritar las posiciones empresarialistas de la derecha en el Senado.

Un ejemplo de ello son los proyectos de la defensoría laboral, propuesto por la senadora DC Soledad Alvear, activando la Comisión de Trabajo del senado, en pos de los trabajadores que no pueden costearse una defensoría propia. Ella señala, en el Diario La Nación, que “este proyecto es un avance hacia la integridad del derecho, porque los ciudadanos de escasos recursos también requieren, para ejercer sus derechos, contar con asesoría”.

Bien recuerda el periódico que “la parlamentaria planteó este tema por primera vez el 2006, oportunidad en la cual presentó a la cámara alta un acabado proyecto de ley que adecuaba las corporaciones de asistencia judicial para prestar servicios de defensa gratuita en un juicio laboral”. La pregunta que se desprende es, teniendo la concertación la mayoría en el Senado ¿Por qué no lo aprobó? Y si confiamos en la buena voluntad política de Alvear y en ética con respecto a la clase trabajadora ¿por qué no defiende el proyecto de negociación colectiva? ¿O se le olvidó que ese proyecto lo presentó en la coyuntura de las huelgas de Codelco el año 2006 de forma de evitar la incorporación de los trabajadores subcontratados a planta? De eso no hay testimonio, solo silencios y demonios.

Si bien sabemos que esto se radicalizará en el marco de la tematización de los partidos patronales (empresarialistas y concertacionistas), vemos que a sólo dos meses de las elecciones la profundidad de la discusión comienza a emerger.

Un ejemplo que ya ha repercutido en la esfera política es la pretensión de la normativa a la industria salmonicultura, en donde se pretende sentar una cláusula de acuerdo con la cual “una empresa podría perder su concesión acuícola en caso de registrar tres sentencias por prácticas antisindicales”.

Ante esta pretensión Evelyn Matthei, presidenta de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta y Senadora por Renovación Nacional, no ha dudado un segundo en salir en defensa de los empresarios del salmón, respaldando la posición de Andrés Concha, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), quien afirmó que la industria requiere la ley de conjunto, pero que fueron introducidas "cláusulas que van a afectar la permanencia de esas concesiones. Por ejemplo, que haya algunos incumplimientos laborales, los que están sancionados ya por el Código del Trabajo; por lo que no vemos necesidad que se incorporen en una ley específica de pesca".

La impunidad patronal en el país, y especialmente en el sector acuícola, ha permitido durante años los abusos constantes en contra de los trabajadores (especialmente en el marco de prácticas antisindicales), lo cual era legitimado a través de procesos engorrosos en que los trabajadores debían quejarse a la Inspección del Trabajo, mientras pasaban meses e incluso años, antes de una sentencia, la cual se reducía al pago de multas en dinero[1], lo cual resultaba bastante cómodo para industria con las ganancias del sector acuícola.

Quizás todo seguiría siendo tranquilo para la clase empresarial del salmón, pero lo cierto es que como clase ha quedado debilitada en su relación al gobierno, y es la hora de que éste último haga efectiva ésta debilidad, en beneficio del “juego electoral”. No pensamos que el gobierno sea un ente distinto al de la clase empresarial, pero si comienza a desarrollar espacios de

Las declaraciones de Matthei, donde señala que "no corresponde que por un tema laboral, se pueda perder una concesión”, y que tan solo “bastaría que un juzgado local falle tres veces una conducta antisindical”, en donde a partir del “caballito de batalla” de la Concertación (los Juzgados Laborales y la “Nueva Justicia Laboral”) “el empresario de partida tiene 97% de probabilidades de tener un fallo contra él, porque en materia de justicia laboral, aparentemente los fallos son en forma abrumadora en beneficio de los trabajadores”.

Matthei se encarga de inmediato de pasar atacar la política de conjunto de la Concertación en materia laboral, pero con ciertos ribetes de tecnicismo: “No sabemos cuál es la preparación que están recibiendo los jueces en lo laboral. Es muy raro que 97% falle a favor de los trabajadores, y sin ninguna apelación posible. No me parece esté en manos de un juez local el destino de cientos de millones de dólares que son las inversiones de los salmonicultores". Definitivamente es más fácil agarrarla con los jueces, que decir definitivamente los empresarios en Chile violentan los derechos laborales. Más cuando se defiende a Andrés Concha.

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[1] A la vez el trabajador que reclamaba y se sumaba a la exigencia del cumplimiento de sus derechos, era sumado a la llamada “lista negra del salmón”, en donde se conocía el nombre de dirigentes sindicales, ‘agitadores’ y ‘huelguistas’. Esta lista era utilizada por los empleadores para discriminar a los/as trabajadores/as que conocían y hacían efectivos sus derechos y evitaban (o intentaban evitar) los abusos al interior de las empresas.

Guilisasti y Andrade enfrentados ante amenaza de huelga de Concha y Toro

Fuente: La Nación

Por 207 votos a favor, el sindicato de Viña Concha y Toro -asesorado por el ex ministro del Trabajo y actual candidato a diputado Osvaldo Andrade- decidió comenzar a partir de mañana una huelga de sus funciones debido a que las posturas de negociación colectiva con la empresa se encuentran muy alejadas.

Según los trabajadores, la empresa desde el año 2001 no entrega un reajuste real y, en cambio, están ofreciendo aumentos escalonados que van de 3% a 8%, mientras que los funcionarios solicitaron como primera petición un reajuste de 14%, que después bajó a 12%.

Viña Concha y Toro, cuyo vicepresidente es el titular de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, decidió recurrir a los buenos oficios de la Dirección del Trabajo, por lo que la amenaza de huelga recién podría verificarse a partir de la próxima semana.