Democracia y modernidad: fundamentos de la organización política burguesa

Los distintos estados de los distintos países civilizados, pese a la abigarrada diversidad de sus formas, tienen de común que todos ellos se asientan sobre las bases de la moderna sociedad burguesa, aunque ésta se halle en unos sitios más desarrolladas que en otros en el sentido capitalista. Tienen también, por tanto, ciertos caracteres esenciales comunes. En este sentido, puede hablarse del “Estado actual”, por oposición al futuro, en el que su actual raíz, la sociedad burguesa, se habrá extinguido[1].

Importa aquí advertir que todas las prácticas “modernas” contienen dos impulsos, el aumento de la autonomía y el de la ampliación del dominio racional, y que ambos significados pueden incorporarse a todas las prácticas sociales convertidas en hábitos en todas las instituciones modernas[2].

Se ha hablado de Modernidad Tardía, Tardomodernidad y / o Posmodernidad, e incluso de Neomodernidad, siguiendo a J. Habermas; pero en síntesis diremos: “por boca de éste, por ejemplo, que el proyecto moderno no se ha cumplido y por tanto puede ser reconstruido para que, dentro de las limitaciones correspondientes y sin soberbia, se puedan mantener parte de sus postulados los que permitirán, si se desarrollan, mejorar las condiciones de existencia del hombre en el mundo”. Así, el proyecto moderno no estaría caduco, sino que tendría que ser repensado y limitado, omitiendo excesos. Por cierto, que se ha desarrollado con mayor fuerza y, coincidentemente, también, después que se ha creído agotado el tema del /a/ Modern /ismo/ /dad/ y especialmente en América latina[3].

Lo que en contrastación con el profesor Rosas pensamos es que está búsqueda, tanto intelectual como ideológica, por “las raíces de la modernidad” obedece a un conjunto de pretensiones sociales que en el marco de nuestro continente se hacen expresiones de la necesidad objetiva de la sociedad de “democratizarse radicalmente”, como contratación a los proyectos democráticos realizados a lo largo de América Latina, en donde las explosiones sociales se han vuelto “pan de cada día”.

Esta crisis orgánica que sufren los gobiernos latinoamericanos se expresaría, según el profesor Rosas en que hoy en día:

“Nos vemos enfrentados a un nuevo tiempo y a un nuevo modo de vivir en/el mundo, por lo tanto no basta con replantearnos frente a esta realidad, sino que se hace necesario un cambio de actitud y un denunciar activo de la crisis de la modernidad para refundarla "neo-mentemente" y no sólo reescribirla como cualquier "neo", sino como aquel tiempo que se adviene re-evolución, no en la universalidad, no en la identidad unívoca, sino en la pluralidad de aquella conciencia que se va adaptando a una nueva sociedad heterógena y multimediática al servicio de un nuevo hombre y mujer que viajan en este mundo, siendo parte de él y en él, "modernizando" para alcanzar la libertad y la felicidad”[4].

La verdad es que ésta conclusión extraída del análisis del profesor J. Rosas nos recuerda la decadencia, no sólo de un discurso intelectualista como el de la modernidad, sino que la base ideológica y discursiva del régimen político “democrático”, el cual a través de la desvinculación de sus prescripciones (pseudo)metafísicas, como “todos los hombres nacen iguales”, etc., han desembocado en una crisis de legitimidad[5] en donde la incapacidad del neocapitalismo para adaptarse a las necesidades de su población y, asimismo, la incapacidad de la población para poder adaptarse a los objetivos de una economía mundializada y cuyo funcionamiento se articula en la búsqueda especulativa de ganancias por parte de la transnalización de las empresas corporativas son parte de éste conflicto dialéctico entre intersubjetividad y objetividad institucional.

La visión optimista neoliberal de la existencia de un mercado autónoma, donde la forma deliberadamente ideológica y genérica en que se promovió (y se promueve) la democracia desde el capitalismo, se basa en la tesis de la interrelación entre economía de mercado y democracia; la democracia de elites y democracia como forma de legitimación y dominio frente a la lucha por las libertades políticas propias de la “república democrática”.

En su fase actual, el capitalismo ha necesitado introducir la regulación estatal para continuar su supervivencia[6]. Es lo que creemos entender cuando Claus Offe se refiere a que:
“En cualquier momento y en cualquier sociedad dada, hay siempre una configuración "hegemónica" de los temas que, en general, se considera que merecen tener prioridad y ser tratados como centrales, y respecto a los que se mide ante todo el éxito y el progreso político, mientras que otros quedan marginados o se consideran como completamente "extraños" a la política. La teoría de la modernización ha tratado de construir secuencias de desarrollo en las que aparecen temas como construcción de la nación, ciudadanía, participación o redistribución, afirmándose que se desplazan del centro hacia fuera y de fuera hacia el centro de lo político con una cierta secuencia temporal”.

La incorporación de una serie de “temáticas”, y los giros históricos en política estatal, no sólo en América Latina, sino que a nivel mundial, nos entregan la experiencia de que la concepción instrumental de “hacer política” o “lo político” se ha ido modificando de acuerdo a procesos sociales donde las contradicciones sociales se han hecho cada vez más graves, y en donde el conflicto entre grupos de interés en el sentido de este modelo conduce a cambios en la estructura de sus relaciones sociales, a través de los cambios en las relaciones de dominio[7]. La necesidad de que los intereses de la clase dominante vayan acompañadas de todo un proceso de generación ideológica, “porque cada nueva clase que reemplaza a la clase anteriormente dominante se ve obligada, simplemente para conseguir sus objetivos, a presentar sus intereses como intereses comunes de todos los miembros de la sociedad, es decir, a dar a sus ideas la forma de universalidad y a representarlas como las únicas racionales y universalmente válidas[8]. En este sentido “lo político” y la priorización de ciertas “temáticas”, van de la mano de una estabilidad para asegurar el dominio, considerando las condiciones de explotación y desigualdad existentes en la sociedad y las consecuencias que ésta podría implicar en términos de “sublevación” o reacción frente a la política anárquica del modo de producción (el capitalismo como máquina de la distribución y de seguridad social[9]).

El capitalismo tardío, entonces, es el que organiza el mercado utilizando al Estado como un mecanismo más. De manera que, según esto, los beneficios son adjudicados al mercado y las pérdidas son asumidas por el Estado. Por tanto, el Estado deviene en un mecanismo de equilibrio económico y social. Pero, las fluctuaciones y oscilaciones de la economía especulativa supondrán la existencia de una permanente y continua crisis, ya que las contradicciones en el modo de producción anárquico que presenta el capitalismo no está en directa relación con el bienestar del conjunto de la humanidad, ni tiene una planificación organizada de la producción, sino que presenta la propiedad privada y la plusvalía como ejes centrales de su existencia.

La democracia, como régimen político, ha creado modelos a través de los cuales las contradicciones sociales han tratado ser acalladas y disimuladas, en donde la intervención externa derivada de los procesos de socialización “disparados” por el desarrollo capitalista, imposibles de compensarse por mecanismos de intercambio, generó un “desplazamiento” de la subordinación positiva a la necesidad de un tipo de subordinación negativa -menor intervención-, dados los problemas de auto-obstrucción acumulativa (o problemas de “segundo orden”, es decir políticos) como, por ejemplo, las crisis fiscales o la irracionalidad de las decisiones en el ámbito burocrático-administrativo.

Además el que toda Constitución de derechos, etc., resulte, cuando se la lee con cuidado, no poseer ningún significado preciso, y esto porque la cadi totalidad de su texto se distribuye entre los siguientes tipos de formulaciones:
a) Prescripciones (pesudo) metafísicas, como: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales dignidad y en derechos. Están dotados de razón y de conciencia, y deben obrar los unos con para con los otros con espíritu de fraternidad” (Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículo primero).
b) Empleo de conceptos cuyo alcance puede determinarse según las conveniencias de cada caso, por ejemplo todo individuo tiene derecho a “la libertad” (Decl. Univ. , Artículo tercero); ningún humano puede ser sometido a “tratos crueles, inhumanos y degradantes” (Art. 5); o bien cuando se dice “las justas exigencias de la moral”, “del bienestar”, etc.
c) Reconocimiento de ciertos “derechos” y “libertades” en forma tal que es la vez negación de los mismos. A este respecto es muy socorrida la formula “dentro de lo establecido por la ley” o “en la forma que la ley determine” (concepto frecuente de la propia Decl. Univ.) sin que se diga qué es lo que puede admitirse que la ley determine, de modo que los pretendidos “derechos” y “libertades” no quedan confirmados en medida alguna; o bien, lo que es lo mismo, que a uno no pueden hacerle tal o cual cosa “arbitrariamente” (también en la Decl. Univ.).

El hecho de que el constitucionalismo burgués ha encontrado en su propio terreno la manera de escamotear aquella forma política (la “república democrática”) a la que el mismo tendría que conducido en un desarrollo lógico, pero a la que sólo hubiera podido conducir realmente en el imposible caso de que la burguesía no se hubiese encontrado a la defensiva tratando de consolidar su dominio y, a la vez, tratando de que las demás clases de la sociedad dominen.

La democracia implica tan sólo la igualdad formal, ya que la sociedad capitalista, considerada en sus condiciones de desarrollado más favorables, nos ofrece una democracia más o menos completa en la república democrática. Pero esta democracia se halla siempre comprimida dentro del estrecho marco de la explotación capitalista y, por esta razón, es siempre, en esencia, una democracia para la minoría, sólo para las clases poseedoras, sólo para los ricos[10]. La “república democrática” no se cumplió nunca; sin embargo, como idea, es real en el sentido de que todas las formas políticas a las que la burguesía dio origen se piensan a partir de aquella idea, la cual es, por lo tanto, el fundamental concepto político (efectivamente actuante en la historia) de la burguesía[11].

La decadencia del ciclo político neoliberal constituye una tendencia tanto política como económica. A raíz del debilitamiento de los viejos regimenes dictatoriales de la década de los setenta, la democracia liberal disfrutó en toda la región de un vigor renovado, basado en la legitimidad popular y en el prestigio intelectual. Esta dotación inicial de prestigio y legitimidad se ha visto desgastada y socavada por los fracasos económicos y por la incapacidad del sistema político actual de complacer las demandas populares de cambio[12]. Este es le escenario y contexto histórico en que se desarrollan la reconceptualización de la educación: un conflicto permanente entre negaciones histórico concretas que se manifiestan en crisis generalizadas de la democracia liberal.

Notas

[1] V. I. Lenin, El Estado y la Revolución. Ed. Nuestra América. 2004. Pág. 86.
[2] Peter Wagner. Sociología de la Modernidad, Ed. Herder, S.A. Barcelona 1997. pág. 61
[3] Jorge Rosas Godoy (Neo) modernidad. Una aproximación o una denuncia para una nueva teoría crítica para América latina. http://www.monografías.com/trabajos/jmrosas2.shtml. Facultad de filosofía y humanidades. Escuela de postgrado. doctorando en literatura chilena e hispanoamericana. Universidad de Chile.
[4] Ibíd..
[5] "Por legitimidad entiendo el hecho de que un orden político es merecedor de reconocimiento. La pretensión de legitimidad hace referencia a la garantía -en el plano de la integración social- de una identidad social determinada por vías normativas. Las legitimaciones sirven para hacer efectiva esa pretensión, esto es: para mostrar cómo y porqué las instituciones existentes (o las recomendadas) son adecuadas para emplear el poder político en forma tal que lleguen a realizarse los valores constitutivos de la identidad de la sociedad. El que las legitimaciones sean convincentes o que la gente crea en ellas es algo que depende, a todas luces, de motivos empíricos”. Jurgen Habermas
[6] Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. http://www.insumisos.com/biblioteca
[7] “Para poder oprimir a una clase, es menester asegurarle, por lo menos, las condiciones indispensables de vida, pues de otro modo se extinguiría, y con ella su esclavizamiento”. Manifiesto Comunista. Carlos Marx y Federico Engels
[8] Karl Marx y Federico Engels, La ideología alemana, Edit. Pueblos Unidos, Montevideo, 1959. pág. 36
[9] “Los ejes de desigualdad constituyen una lista en principio abierta, en la que sin duda entran las desigualdades de clase (relacionadas con el mercado de trabajo y la distribución de la riqueza y los recursos) y de género , pero también otras ya existentes (de edad, étnicas, etc.) o que pueden ser propiciadas por la propia política social (desigualdades en cuanto a los derechos sociales, de ciudadanía, etc.), retomando así el argumento de los efectos « constituidores» de desigualdad que ésta puede tener. Además, empíricamente se trataría de ver si una política social concreta (o una medida de política social) arroja un saldo igualizador, reproductor o polarizador en torno a determinados ejes de desigualdad”. Reflexionado sobre las relaciones entre política social y estructura social. José Adelantado y José Noguera. Universidad Autónoma de Barcelona. Depto. De Sociología. Seminario de Análisis de las políticas sociales. http://www.bib.uab.es/pub/papers/02102862n59p71.pdf.
[10] V. I. Lenin, El Estado y la Revolución. Ed. Nuestra América. 2004. Pág. 87.
[11] “cuanto más una formación social – una clase dominante – ha agotado su tarea histórica y está puramente a la defensiva, tanto más es incapaz de proceder según sus principios, aunque esos principios sean los suyos propios”. De la revolución. F. Martínez Marzoa. Alberto Corazón Editor. España, 1976.
[12] James Petras. Neoliberalismo en América Latina, la izquierda devuelve el golpe. Ed. Homo sapiens ediciones. Rosario, Argentina. 1997. Pág. 60.

Chile: Política nacional y rol del Estado.

La situación en la que se encuentra la sociedad chilena, tanto antes y en pos de realizarse los procesos eleccionarios presidenciales, que en la gama de discursos políticos, presenta un carácter social y comprometido, en términos nacionalistas con la ciudadanía, el desarrollo, el crecimiento económico y el progreso, que es de carácter retórico, pero que en la práctica política, involucra dependencias y consistencias globales que se alejan de sus mismos proyectos, o dan otra significado a los mismos conceptos ya tan manoseados por la clase política en Chile, abren paso a un sector pequeño burgués, que genera históricamente un “vínculo” electoral-imperialista. El ‘vínculo’ no es una simple imposición sobre la ex centro-izquierda, sino el resultado de la dinámica interna de una derechización de estos partidos y líderes cuando buscan mayor movilidad social, enriquecimiento familiar, influencia política y estatus social[1]. El vínculo entre el poder imperial o ‘global’ y su control de las economías nacionales, recursos naturales y financieros, mercados y tesorerías se realiza por medio de la ascendencia de configuraciones de poder político-económicas nacionales[2].

Las “presiones del imperialismo” refuerzan las inherentes tendencias reaccionarias entre los electoralistas arribistas pequeño burgueses. La globalización o expansión imperialista no es simplemente la “diseminación” de una ideología y su imposición por la fuerza o la persuasión. Hay una condición previa - la existencia de élites políticas y burocráticas e importantes sectores de la clase dirigente que tienen un interés político y económico común y la capacidad para articular la ideología e implementar las políticas pro imperiales de la globalización, que en estos términos pasa a ser un contrato coercitivo a los estados-naciones y la ciudadanía misma.

De la misma forma la cuestión del poder comienza a ser reconceptualizada en un plano local, pero con un contenido global que se expresa en el discurso ideológico de las clases sociales configuradas por las estructuras sociales de la formación social imperante. Las clases sociales, constituidas en la práctica política (lucha de clases) como clases para sí[3], comienzan a elaborar su propio discurso frente a la globalización, y más allá de ello frente a las relaciones de poder de la estructura político, económico e ideológica que representa el neoliberalismo como factor de exclusión y de reconceptualización del rol del Estado, el cual debilita el poder público y acrecienta la hegemonía[4].

Dentro de este contexto se comienza la reconceptualización del aparato institucional y gubernamental en su conjunto, ya que la misma precariedad de condiciones y de voluntad política para establecer una política “independiente”, hace que los actores sociales estén condicionados a rearticular sus estrategias políticas en torno al campo del poder que se configuran en una globalidad exigente en coerción e implementación. La gama de factores se hace atenuante y indómita en la configuración de nuevas estrategias ante viejos problemas, y convierten la antigua política nacional o local, al igual que las demás dimensiones de la globalización, en una política mundial[5], en donde el caso de la educación superior chilena es examinado como parte del apasionante caso de Chile como un todo, ya que no hay país en Latinoamérica (y hay pocos en el mundo) que haya impulsado con mayor energía la economía de mercado, la privatización, la liberalización del comercio y la competencia. Pero a la vez, tampoco hay en la región una democracia más robusta que la chilena

Así la lógica de control del Estado se ve tanto mediada como reforzada por la necesidad que tienen los burócratas del estado de procedimientos explicables y racionales a escala global, y por el nexo específico de fuerzas que actúan sobre el mismo Estado, ya que incluso allí donde las instituciones satisfacen una lógica requerida por el capital, su forma y dirección no son resultado de una simple imposición unidireccional del capital, implican un complejo trabajo político de concesión y compromiso, al menos para asegurar la legitimidad del Estado frente a la opinión pública[6].

El poder del estado constituye una unidad propia, en la medida en que sus instituciones están organizadas como constitutivas de la unidad del pueblo y de la nación. El estado, establecido como lugar de lo “universal”, de la voluntad general y del interés general, de lo público, se supone que no representa tales o cuales intereses privados y constelaciones económico-sociales, o su suma, sino el conjunto unitario del pueblo-nación[7], ya que toda “parte” del poder del Estado, y todo órgano particular del Estado, son fijados institucionalmente como representando la unidad del cuerpo político y la unidad del poder del Estado, por lo que las crisis de legitimidad del poder estatal se pueden encontrar directamente en el desarrollo de las instituciones y la representación política que estas poseen en el sentido de una unidad propia del poder del Estado y de su autonomía relativa respecto de las clases dominantes, ya que las instituciones funcionan suponiendo que el Estado “representa” la unidad política del pueblo nación y, de esta forma se refleja en todo un marco institucional real que tiende a funcionar efectivamente según la situación concreta de las fuerzas enfrentadas en el campo político, económico e ideológico.

Siendo el aparato institucional un espectro bastante amplio de trabajo e investigación, nos centraremos en el eje regulador, en la piedra angular que precede la formación y legitimación ideológica formal de la sociedad: El aparato educativo, y su institución más emblemática, la Universidad. Considerando que las ideas y conocimientos son importantes desde el punto de vista de la sociedad del conocimiento y, la educación pública, tanto fuera como dentro de las aulas, puede proporcionar los instrumentos críticos para el análisis y también las habilidades técnicas para ganarse la vida.

Desde esta perspectiva, la educación en Chile parece estar siempre reformándose. Durante el gobierno militar ocurrieron dos reformas de gran trascendencia. En primer lugar, se traspasaron los establecimientos fiscales, que hasta ese entonces dependían directamente del gobierno central a través de las Divisiones de Educación Primaria y Secundaria, a las municipalidades. Las escuelas fiscales al momento de este cambio alcanzaban a algo menos de 6.400 establecimientos y atendían a 2,3 millones de niños, un 80% del total de niños que asistían a la educación básica y media. Las últimas escuelas pasaron al sector municipal en 1986. Con el traspaso, los profesores perdieron su condición de empleados públicos y pasaron a depender del Código del Trabajo que regía a los trabajadores del sector privado. La idea era que sus remuneraciones fueran fijadas en cada establecimiento educacional. Para facilitar el traslado, los profesores fueron indemnizados por el término de contrato con el sector público.

Una segunda reforma fundamental fue el modo en que comenzaron a asignarse los recursos.
Hasta 1980 estos se entregaban a las escuelas en función de criterios históricos que no guardaban ninguna relación con el desempeño del establecimiento ni con el número de sus alumnos. A partir de ese año, sin embargo, los dineros que cada escuela recibía comenzaron a depender del número de alumnos con los que contaba. Así, las escuelas empezaron a recibir una subvención por alumno atendido cuyo valor dependía inicialmente del nivel de enseñanza del que se tratase y acorde al tipo de educación que se impartiese[8]. Pero lo que se debe destacar, desde nuestro punto de vista, es que se inserta una conceptualización de “Universidad” que comienza a operar en nuestro país desde las políticas neoliberales del año 1981 a través del Decreto Fuerza Ley Nº 4 del 14 de enero de 1981, en donde el Ministerio de Educación Pública Fija Normas sobre Financiamiento en las Universidades[9]. En adelante el monto del aporte fiscal fue fijado anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público y la distribución del aporte en las universidades e instituciones de educación superior y los montos y porcentajes que corresponda a cada una de las entidades, se haría mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Educación Pública, el que debería llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda.

De paso, la oferta educacional fue liberalizada, permitiéndose incluso que escuelas con fines de lucro optaran al financiamiento público. En Chile existía una tradición de escuelas privadas gratuitas que accedían a financiamiento público y que era de larga data en el país. Todas ellas, sin embargo, pertenecían a instituciones de la iglesia o a fundaciones privadas sin fines de lucro y recibían incluso un subsidio del fisco por cada alumno atendido, generalmente una proporción del gasto fiscal “implícito” por alumno[10].

Dentro de este marco histórico, las instituciones públicas se convierten en un referente clásico y manifiesto puro de las transformaciones a niveles macrosociales, y orientaciones directas de las tendencias políticas existentes en el país, por lo que la Universidad se vuelve un reflejo de la correlación de fuerzas que interactúa a escala mundial, nacional y local, tanto en su sistema educativo (de contenido), en su sistema de ingreso (valores y principios sociales de acuerdo a las pautas de gobierno), como en su sistema de aseguramiento y definición de la educación (como derecho o mercancía)[11].

[1] Esta afirmación se relaciona con la hecha por Ulrich Beck, en cuanto a que “todos los actores sociales deben reaccionar y dar una respuesta concreta en este súbito, donde curiosamente las respuestas no siguen ya el viejo esquema derecha-izquierda de la practica política”. ¿Qué es la Globalización? Claro que desde mi punto de vista, en la situación partidaria, se radicaliza una postura política hacia un enfoque más conservador que tiene estrecha relación con el análisis planteado por Moulian descrito en la “jaula de hierro”, y con la postura de James Petras en Neoliberalismo y lucha de clases sociales en América Latina.
[2] Neoliberalismo y política de clases en América Latina. James Petras. Traducido para el Diario Rebelión por Marina Trillo. 22 de Octubre del 2004.
[3] Nico Poulantzas; Poder Político y clases sociales en el Estado capitalista. Ed. Siglo XXI, 1972.
[4] Antonio Gramsci. Ensayos y escritos políticos.
[5] Tampoco se deja de lado lo expuesto por Ulrich Beck en un articulo llamado La paradoja de la globalización, en donde señala: “la propia globalización engendra, ciertamente, su propia oposición, variopinta e increíblemente contradictoria: anarquistas, sindicalistas, neonacionalistas, ecologistas, parados, incendiarios de centros de refugiados, pequeños empresarios, profesores, sacerdotes, obispos católicos, el Papa, comunistas, fascistas, feministas, ultra ortodoxos y fundamentalistas islámicos. En cualquier caso, todos ellos actúan según este lema: a la globalización hay que combatirla con... ¡globalización! O, en palabras de Richard Falk: “Resistencia contra la globalización desde arriba a través de la globalización desde abajo”. Diario El País, Madrid, 5 de diciembre de 2002
[6] John Clarke, Capital and Culture: The Post War Working Class Revisted, en Clarke, Critcher y Johnson (comps.) Working Class Culture: Studies in History and Theory. Londres, Hutchinson. 1979. Pág. 231
[7] Nico Poulantzas; Poder Político y clases sociales en el Estado capitalista. Ed. Siglo XXI, 1972. Pág. 362-363.
[8] Se reconocían diferencias en educación media entre la educación científico-humanista y la técnico-profesional.
[9] Publicado en el Diario Oficial de fecha 20 de Enero de 1981
[10] Obtenido a través del gasto fiscal en educación dividido por el número de alumnos.
[11] Como dice Manuel Castells “Las fuentes de productividad y competitividad en la nueva economía global dependen fundamentalmente de la capacidad de generación de conocimiento y procesamiento eficaz de la información. La cual depende, a su vez, de la capacidad cultural y tecnológica de las personas, empresas y territorios. En la economía informacional, la educación y la innovación se constituyen en fuerzas productivas directas. Pero siendo condiciones necesarias para el nuevo modelo de desarrollo, no son suficientes”. La globalización truncada en América Latina.