Repudiemos al entreguista y represor Alan García

Repudiemos al entreguista y represor Alan García

¡Libertad a los luchadores obreros y populares!

FT-CI / 13-7-2007

Desafiando la presencia de las FFAA que el presidente Alan García envió a los principales centros urbanos y productivos del país se llevó a cabo el miércoles 11 de julio la Jornada Nacional de Protesta convocada por la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP). Esta jornada nacional coincide con la huelga del magisterio que se lleva adelante desde el 5 de julio en contra de un proyecto de Ley de Educación acorde con los requerimientos del Banco Mundial. A último momento Alan García promulgó dicha ley pasando por arriba del reglamento del parlamento con el apoyo de la bancada fujimorista. El envío del ejército, que cuenta con el apoyo de las cámaras empresariales, en un momento de una baja en su popularidad, está mostrando el curso bonapartista y reaccionario que está tomando el gobierno ante la oleada de reclamos obreros y populares. Sectores campesinos, sobre todo cocaleros y regiones (provincias) se plegaron a la medida por sus propios reclamos en abierto repudio al virtual estado de sitio decretado por el gobierno

A punto de cumplirse un año de la asunción de Alan García y de su partido Alianza Popular Revolucionaria Antiimperialista (APRA) y tras prometer cambios en el modelo económico fujimorista la paciencia se le está terminando a gran parte de la población. Así parecen confirmarlo las últimas encuestas. Según CPI -Compañía Peruana de Opinión Pública- para el mes de mayo García cuenta solo con el 40% de aprobación en su gestión. Esta tendencia a la baja se viene expresando desde principio de año. Las “alentadoras” cifras económicas como el 8% de crecimiento, superávit de comercio exterior record y de reservas internacionales no pueden ocultar que en Perú la mitad de la población vive en extrema pobreza.

Adhirieron a la Jornada Nacional varios sindicatos campesinos y cocaleros. También participaron los gremios de la construcción, docentes universitarios, no docentes de universidades nacionales, municipales, obras sanitarias Y estudiantes entre otros. La CGTP ha elaborado un pliego petitorio donde exige aumento de salarios, suspensión de despidos, cárcel a Fujimori y el rechazo al TLC entre otros puntos.

A último momento la Federación Minera adhirió a los actos pero levantó el paro. Según el diario La República (12/07/07) “El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Luís Castillo, participante en la marcha, explicó que levantaron el paro del 10 y 11 de julio debido a que se ha empezado a atender los reclamos de los mineros de Casapalca”

La Jornada se caracterizó por movilizaciones y enfrentamientos. En Lima, la capital, miles de manifestantes repudiaron al gobierno. La CGTP convocó a un acto masivo a cuyo término se produjeron enfrentamientos con la policía que dejaron un saldo de 16 manifestantes detenidos (La República 12/07/07). En el interior del país, manifestantes del SUTEP y de la CGTP marcharon juntos y bloquearon carreteras y puentes en Arequipa, Puno, Tacna, Ayacucho y Cajamarca, entre otras regiones.

En Puno, al sur del país, miles de manifestantes tomaron el aeropuerto local impidiendo la circulación aérea al mismo tiempo que cortaron las principales carreteras. Según Prensa Latina en la centro andina Tarma, el jefe de la policía local, Raúl Ortega, y uno de sus agentes, resultaron heridos cuando trataban de despejar con gases lacrimógenos los accesos a la ciudad, bloqueados por manifestantes.

En la zona de Junín un campesino murió a causa de los disparos efectuados por un comerciante que pretendía desbloquear una ruta. Al finalizar la Jornada corrió la noticia del fallecimiento de una docente que había sido golpeada por la policía el pasado 6 de julio en una manifestación en Lima.

Antecedentes de la Jornada del 11

Desde hace unos meses el gobierno de Alan García viene enfrentando una serie de medidas de fuerza de distintos sectores obreros y populares.

Las movilizaciones se caracterizan por extenderse a lo largo y ancho del país y algunas por lo extendido en el tiempo. También por los métodos combativos como los cortes de carreteras y enfrentamientos con la policía.

Ruge el sur peruano

Las demandas de las regiones están en primera línea de las movilizaciones. En Perú, país unitario, el presupuesto es manejado en forma arbitraria por el gobierno central. Muchas de las regiones más postergadas del sur del país no reciben asistencia mientras se dedica gran parte del presupuesto nacional a pagar la deuda externa. Así las regiones de Moquegua, Puno y Arequipa se han declarado en huelga.

Estas manifestaciones están dirigidas por Frente Regionales que habitualmente aglutinan a las “fuerzas vivas”, es decir alcaldes, sectores de la iglesia, intelectuales, comerciantes, sin embargo, se expresan los trabajadores y campesinos quienes son los protagonistas de los bloqueos y los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Las regiones apuntan a reclamos presupuestarios, a la realización de obras de infraestructura y al rechazo al TLC o cualquier acuerdo bilateral con EE.UU. de libre comercio que afecte las economías regionales sobre todo en el campo. En el norte del país, a mediados en los meses de mayo y junio, Ancash, Loreto y Piura también hicieron sentir sus reclamos.

El despertar de los trabajadores mineros y la represión gubernamental

Sin embargo, las huelgas del sector minero son las que más preocupaciones han traído al gobierno de García y las que han recibido la represión y la masacre como única respuesta.

El 15 de junio los trabajadores mineros contratados de Casapalca ubicada en la serranía limeña y que produce plata y plomo, llevaban dos semanas de huelga reclamando el cese de las contrataciones cuando fueron atacados en medio de una protesta por la policía dejando cuatro muertos del lado de los mineros. La brutalidad de las autoridades y el gobierno se debe precisamente a que el régimen de contratación es lo que permite a las transnacionales mineras y empresarios locales las superganancias en base a la explotación de los trabajadores en una coyuntura de alza de los precios de los minerales en el mercado mundial.

En la región de Ica a principios de junio los mineros contratados de la mina de Shougang Hierro Perú que llevaban 58 días de huelga recibieron un duro golpe al intentar el gobierno y la empresa china, que administra la mina, de descabezar el movimiento de huelga. Para ello detuvieron y encarcelaron hasta el día de hoy al principal dirigente minero Rony Cueto.

Otro hito en la lucha minera, también a mediados de junio, fueron las huelgas en las tres empresas del cobre de la Southern Copper que reclamaban convenio colectivo, salarios y mejorías en servicios de salud y educación. Una de las características es que los contratados mineros no se encuentran solos. La contaminación ambiental producto de la nula planificación empresarial -que envenenan agua y tierras de los campesinos pobres- han unificado el reclamo de los mineros con los reclamos campesinos forjando la unidad obrera campesina en aquellas regiones mineras.

La lucha del Magisterio

Las bases del magisterio son quienes encabezan desde casi el primer momento de asumir Alan García la oposición al gobierno. Es que el gobierno intenta pasar las conocidas leyes del Banco Mundial para la educación y quebrar a su sindicato. El SUTEP (sindicato del magisterio) cuenta con 300 mil afiliados y es uno de los más importantes del país. Desde principios de año las huelgas y las movilizaciones de los maestros intentaron oponerse al plan del gobierno. Mediante un decreto el Estado intentó tomar una evaluación para demostrar las fallas en la formación buscando responsabilizar a los docentes de las falencias del sistema educativo. La disposición de lucha de los maestros dejó de lado ese intento.

Ahora el gobierno vuelve a la carga. Hoy en día el sindicato ha lanzado una huelga general indefinida contra una ley educativa que deja la puerta abierta para flexibilizar el trabajo docente y la prohibición de las huelgas. El gobierno ha declarado ilegal la huelga y encarcelado a varios activistas aparte de reprimir las manifestaciones de los docentes. Y en una muestra más de su giro reaccionario promulgó la ley -mientras miles marchaban por las calles- sin esperar a un segundo debate en el parlamento, apoyado por la bancada fujimorista.

Como se puede apreciar los paros regionales, las huelgas mineras y la lucha del magisterio dan cuenta de un reverdecer del movimiento obrero peruano luego de la larga noche fujimorista y el gobierno antiobrero de Toledo. Las luchas regionales, de mineros y de maestros apuntan contra el pago de la deuda externa, el TLC, la flexibilidad laboral y los planes del Banco Mundial para educación. Exigen presupuesto, mejores condiciones laborales y salarios.

Estas demandas sólo podrán ser arrancadas por los trabajadores como producto de una gran lucha unificada que ponga al gobierno de García contra las cuerdas ya que los bajos salarios, la falta de presupuesto y la entrega a las transnacionales de los recursos naturales son tres de los pilares de la obra económica de Fujimori que hoy administra Alan García y pretende profundizar

Las direcciones del movimiento obrero y popular

Es evidente que el llamado a la Jornada Nacional de Protesta a la que se ve obligado a llamar la CGTP está indicando la aspiración de unidad de las masas explotadas y su disposición a la lucha. Esta Jornada debe servir como punto de apoyo para hacer un recuento de fuerzas en el camino de preparar la huelga general política que ponga contra las cuerdas al gobierno de Alan García.

Sin embargo, la dirección del SUTEP (maestros) influenciados por el grupo maoísta Patria Roja ha venido negociando y conciliando con los gobiernos de turno. Así apoyó la candidatura de Toledo con la excusa de que sería un indígena que gobernara por primera vez el país y aunque después se bajó apoyó la pre-candidatura de Alan García buscando como es costumbre un “progresista” a quien hacerle sombra (http://pstperu.org/html_lumag/maestros_070206_1raevaluacion.html). No se propone derrotar el proyecto de ley de educación sino consensuar y dialogar con el gobierno. Ante la promulgación de la ley por parte del Alan García, en medio de la Jornada de Protesta, el diario La República (12/07/07) relata que “...el SUTEP cumplían ayer su séptimo día de huelga indefinida marchando por calles y plazas del país exigiendo entre otros puntos, precisamente, que García ampliara el debate de la norma antes de su publicación”

Por su parte la dirección de la CGTP, influenciada por el viejo PC pro Moscú pretende poner la fuerza de la movilización obrera y popular para obligar a García de que cumpla sus promesas electorales y para ello propugna un frente con el empresariado nacional perjudicado por el “modelo” y los sectores progresistas de la iglesia católica [1].

La Federación Minera, si bien su dirigencia asistió a la manifestación central en Lima, levantó la huelga que había convocado debilitando así la Jornada Nacional. La dirigencia minera ha cometido un crimen político máxime su gremio lleva 4 muertos y decenas de detenidos por luchar y en momentos en que se expresa un giro reaccionario y represivo del gobierno del APRA.

Párrafo aparte merece el ex candidato presidencial nacionalista Ollanta Humala. El ex militar nacionalista y su bancada parlamentaria se han dedicado a hacer apariciones mediáticas y lejos de apoyar a los mineros que enfrentan la voracidad de las transnacionales se limita a esperar el desgaste del gobierno para aparecer luego como oposición electoral. Como toda dirección nacionalista burguesa desconfía absolutamente de la movilización de los trabajadores que son los únicos interesados -como mostraron las movilizaciones democráticas contra Fujimori antes y las jornadas de lucha contra Toledo después- en defender el interés nacional contra el imperialismo.

Preparar la huelga general

El gobierno entreguista y represor de Alan García se apoya en Bush, las transnacionales mineras y en los restos del fujimorismo en el parlamento. Le ha otorgado a las FFAA la potestad de intervenir junto a la policía por treinta días para garantizar el orden en todo el país, es decir un virtual estado de sitio (El Comercio 10/07/07). Esto quiere decir que el gobierno tenderá a adquirir un carácter cada vez más bonapartista reaccionario si se ve acosado por el reclamo de obreros y campesinos. Para enfrentar consecuentemente al gobierno es preciso poner en pie un comando nacional de lucha que prepare la huelga general política, y tome medidas como la autodefensa de los trabajadores ante la segura represión del gobierno, garantice la unidad obrera y campesina y levante un programa de salida a la situación de hambre y entrega a la que han sometido al Perú Fujimori, Toledo y por segunda vez el APRA y Alan García. La lucha por la independencia política de la clase obrera peruana y la confianza en sus propias fuerzas es una tarea imprescindible para no caer en las trampas que tarde o temprano los opositores nacionalistas, las fuerzas vivas y la burocracia sindical tenderán para contener y desviar la movilización de los trabajadores y de los pobres del campo y la ciudad.

[1] http://cgtp.org.pe/Syscgtp/modules/Biblioteca/images/Publicaciones/Conclusiones_XII_Congreso_CGTP_2006.pdf

Perú

El primer gobierno del APRA y Fujimori

Jueves 12 de julio de 2007

De cómo el primer gobierno del APRA y la izquierda reformista abrieron las puertas a Fujimori

En julio de 1985 asumió la presidencia Alan García, llevando al APRA por primera vez al poder. Con el 50% de los votos capitalizó en forma deformada el descontento de las amplias masas que giraban a la izquierda, ya que García había basado su campaña en encendidos discursos contra el FMI.

Por su parte Izquierda Unida (alianza hegemonizada por el PC pro Moscú), que obtuvo el 25% de los votos, ocupó por medio de su secretario general Alfonso Barrantes la alcaldía de Lima.

El gobierno del APRA en un primer momento despertó el entusiasmo de las masas, ya que fijó el 10% del monto de las exportaciones para el pago de la deuda externa, este “romance” apenas duró un año. En mayo de 1986 se dio una poderosa oleada de huelgas sindicales, paros departamentales con miles de trabajadores y pobladores enfrentando, con sus luchas reivindicativas, la política económica del gobierno contra los bajos salarios, la desocupación y el abandono de los pueblos del interior.

La política de Izquierda Unida, a través de sus alcaldes, diputados y funcionarios fue colaborar con el gobierno y administrar desde la alcaldía de Lima la crisis del capitalismo semi-colonial peruano. Aprovechando su influencia sindical fue desmontando y traicionando una por una las huelgas obreras y movilizaciones contra el gobierno.

En esta etapa adquiere mayor influencia Sendero Luminoso, como expresión distorsionada del ascenso en el campo, que vio nutrir sus filas de campesinos pobres y más tarde también de habitantes de los llamados “pueblos jóvenes”.

Sendero Luminoso, partido-ejército maoísta, con su política de “guerra revolucionaria del campo a la ciudad” y su estrategia de “revolución democrática” basada en la concepción stalinista de revolución por etapas y de frente popular, contribuía a socavar la unidad obrera y campesina para luchar hasta el final contra el gobierno. Esta política se distinguía por su hostilidad hacia el movimiento obrero y las ciudades, un uso indiscriminado del terrorismo individual que lo llevó a ejecutar a dirigentes populares y campesinos opuestos a su política suscitando un gran rechazo, sentando las bases para el surgimiento de “rondas campesinas” que fueron cooptadas y puestas al servicio de la represión del ejército. Secundariamente, como expresión de la radicalización de sectores urbanos, surge el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

Ante esta situación, el gobierno del APRA, intensificó la “guerra sucia” contra el movimiento campesino y popular. El episodio más conocido por las repercusiones internacionales que tuvo fue la masacre de los penales. El 19 de junio de 1986, se celebraba en Lima el II° Congreso de la Internacional Socialista, las FF.AA masacraron a 400 detenidos políticos de las prisiones de Santa Bárbara, San Pedro y El Frontón y del puerto de El Callao. Según un informe de la ONU, en 1987 Perú se encontraba entre los países con más desaparecidos del mundo.

El alto costo que la clase obrera y los campesinos peruanos tuvieron que pagar por tener a su frente direcciones como el PC y la política de Sendero Luminoso, fue la desmoralización de sus filas por efecto de la hiperinflación, el asesinato de miles de sus militantes a manos de los militares y los paramilitares y las organizaciones sindicales, campesinas y barriales que había construido durante años diezmadas.

El gobierno de Alan García, incapaz de imponer hasta el fin sus planes, había perdido todo apoyo tanto de la burguesía, como del imperialismo y su partido el APRA se encontraba en una profunda crisis. Toda esta situación fue el caldo de cultivo para el surgimiento de Fujimori.

Los trabajadores y campesinos peruanos, que habían luchado contra la dictadura militar de mediados de la década del 80 y por la “democracia” fueron derrotadas por la política de la burguesía de “reacción democrática”, combinada con una dura represión.

La responsabilidad política de estas derrotas, desvíos y frustraciones del movimiento de masas es de la burocracia sindical e Izquierda Unida, que administraron las instituciones del Estado y no pocas veces avalaron la política represiva del régimen. Y en segundo lugar el nefasto accionar político y militar de Sendero Luminoso.

El fujimorato

En 1990, las masas traicionadas por sus direcciones son conducidas directamente a la trampa electoral. Ante la amenaza de implementar una política de ajuste de parte del candidato independiente de derecha Mario Vargas Llosa, le dieron la espalda a los partidos de izquierda, a quienes también identificaban con las viejas instituciones y optaron por votar al desconocido Alberto Fujimori. Éste junto con la promesa de evitar un duro programa de ajuste económico, basó su campaña tras el slogan “honestidad, tecnología y trabajo” y en un acercamiento directo con sus seguidores, recorrió en un tractor el altiplano y comió en los mercados junto a las masas pobres.

Sin embargo, a dos semanas de asumir con el apoyo total del imperialismo, cambió de rumbo implementando un programa de estabilización conocido como el “Fujishock” más duro que el que proponía el neoliberal Vargas Llosa. Fujimori había pactado con el Banco Mundial, FMI y el BID, un duro ajuste a cambio de nuevos préstamos de esas instituciones. Así implantó la inmediata eliminación de subsidios a los bienes de consumo básico, abruptos aumentos de precios (la gasolina aumentó un 300 %, la leche y el pan se triplicaron y el gas y la electricidad subieron de ocho a doce veces). Lo cual desencadenó huelgas de maestros, bancarios y obreros petroleros.

Para llevar adelante tan impopular ajuste, era imperioso recomponer el régimen semi-colonial en profunda crisis y dotarse de una base social. Basándose en el desprestigio de las instituciones como el Parlamento y los representantes políticos de la burguesía, que eran odiados por las masas, se sentaron las bases para su proyecto bonapartista. En una coyuntura donde sólo el 12% de los peruanos confiaba en los partidos políticos, lanzando acusaciones de corrupción contra la “partidocracia”, sostenido por el imperialismo, apoyado en las FFAA y aplaudido por sectores de la alta burguesía las clases medias y los sectores mas desesperados por el hambre, logró constituir una alianza de clases reaccionaria y el 5 de abril de 1992 disolvió el parlamento, el poder judicial y mandó a la cárcel a los políticos burgueses opositores y a los luchadores obreros y populares.